La disputa judicial por la expropiación de YPF podría abrir un nuevo capítulo en un escenario complejo para la Argentina. Luego del fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que a fines de marzo anuló la sentencia de US$16.100 millones, los fondos demandantes evalúan llevar el caso al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, donde el país tiene un historial ampliamente desfavorable.
Los demandantes —los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital— buscan revertir la decisión con una doble estrategia: continuar el litigio en Estados Unidos y avanzar con una presentación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este organismo interviene en conflictos entre Estados e inversores extranjeros y funciona bajo tratados bilaterales de inversión firmados, en su mayoría, durante la década del 90.
Un tribunal con antecedentes negativos para la Argentina
El posible desembarco del caso YPF en el CIADI reaviva la preocupación por el desempeño del país en ese foro. Desde 2003, el 94% de las demandas internacionales contra la Argentina se presentaron allí, consolidándolo como el principal ámbito de litigio externo.
Según datos procesados por el Transnational Institute, hasta 2025 la Argentina acumulaba 65 demandas en ese tribunal y había perdido el 86% de los casos resueltos, con laudos en contra por US$10.046 millones. Aunque esas sentencias no son automáticamente ejecutables, los acreedores pueden recurrir a tribunales locales para intentar cobrarlas mediante embargos.
El informe también señala que el país fue durante años el más demandado de la región, aunque actualmente fue superado por Venezuela. Ambos concentran casi un tercio de las 415 demandas registradas en América Latina y el Caribe.
El antecedente de YPF y la estrategia en análisis
La expropiación del 51% de YPF en 2012 ya tuvo un paso previo por el CIADI. En ese entonces, la petrolera española Repsol inició un reclamo que terminó en 2014 con un acuerdo de compensación por US$5.000 millones, firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Ahora, el caso podría regresar a ese ámbito de la mano de los fondos que litigan en Nueva York. Si bien la estrategia aún no está definida, el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler consideró posible que se apoyen en el tratado bilateral de inversión con España firmado en 1991, previo a la privatización de la compañía.
El CIADI concentra gran parte de los conflictos derivados de la crisis de comienzos de siglo. Entre 2002 y 2007, tras el fin de la convertibilidad, la Argentina recibió 47 demandas, con un pico de 20 reclamos en 2003.
Del total de casos, el 51% se resolvió a favor de las empresas, el 35% mediante acuerdos y apenas el 12% con fallos favorables al Estado argentino. Un 2% quedó sin resolución.
Además, varios laudos siguen pendientes de cobro. Por ejemplo, existen fallos de 2006 y 2009 que aún no fueron ejecutados, en parte porque requieren validación judicial en otros países.
Entre los casos abiertos o recientes, se destacan:
- La demanda de la empresa francesa SAUR Internacional, que busca ejecutar en EE.UU. un fallo del CIADI de 2014 por US$40 millones, más intereses.
- El laudo contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que asciende a unos US$390 millones y fue ratificado por la justicia estadounidense.
- La condena por US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos en la represa Alicurá.
- El fallo por US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria.
- El caso de Mobil Exploration, con un laudo favorable por US$196 millones vinculado a la pesificación de contratos gasíferos.
Quiénes demandan y por qué
El 92% de las demandas contra la Argentina en el CIADI provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Los inversores estadounidenses lideran con el 22% de los casos, seguidos por España (10%) y Francia (8%).
En cuanto a los sectores, la mayoría de los litigios se concentra en energía (19 casos), finanzas (11) y servicios de agua (10), que en conjunto explican el 61,5% de las demandas.
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