La investigación judicial que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo este martes con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en las operaciones inmobiliarias que están bajo la lupa.
Ante el fiscal Gerardo Pollicita, la escribana fue contundente: no certificó el origen de los fondos utilizados y aclaró que esa explicación debe ser dada por el propio funcionario. Además, sostuvo que “nadie prestó dinero en efectivo” y señaló que Adorni había manifestado que pagaría en 12 cuotas.
Operaciones bajo sospecha
Uno de los ejes centrales del expediente es la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares. Según consta en la causa, el funcionario habría abonado solo una parte inicial, mientras que el resto —cerca de 200 mil dólares— fue financiado mediante una hipoteca privada otorgada por dos jubiladas sin vínculo previo conocido.
La Justicia también analiza la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su pareja, así como una posible operación anterior financiada bajo un esquema similar.
Estas modalidades de financiamiento, poco habituales en operaciones de ese monto, encendieron alertas en la fiscalía, que busca determinar si los créditos privados fueron genuinos o si funcionaron como un mecanismo para justificar el origen de los fondos.
Dudas sobre el valor y los vínculos
Otro punto que genera sospechas es el valor declarado del departamento, que podría estar por debajo del precio de mercado, una práctica que en algunos casos se utiliza para reducir la carga impositiva o encubrir diferencias en los montos reales.
En paralelo, también se analiza el vínculo entre la escribana y el entorno del funcionario. Registros oficiales indican que Nechevenko ingresó en varias oportunidades a Casa Rosada en los últimos meses, en simultáneo con las operaciones investigadas.
En este contexto, el fiscal Pollicita ordenó una serie de medidas para reconstruir el circuito financiero: solicitó informes patrimoniales y crediticios, requirió la documentación completa de las operaciones y citó a declarar a las prestamistas involucradas.
La causa, que investiga un posible enriquecimiento ilícito, sigue en etapa preliminar pero gana volumen con cada nueva prueba. No se descarta que, en función de los avances, algunos de los testigos puedan cambiar su situación procesal. Por ahora, el foco está puesto en una pregunta clave: de dónde salió el dinero y si las operaciones realizadas se ajustaron a la legalidad vigente.
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