La Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, presentó hoy su Informe de gestión del año 2023. Tal como lo establece la ley provincial número 13.013, la actividad se desarrolló en el marco de una audiencia pública para la cual fue convocada por el Senado Provincial.
Vranicich recordó que su Informe “aborda las gestiones realizadas durante el primer año de la gestión del tercer gobierno institucional del MPA, iniciado el 20 de abril de 2023”. En tal sentido, agregó que “esta referencia a una tercera gestión resulta importante porque implica reconocer e historizar el camino recorrido por la institución desde su creación legal en 2009 hasta la fecha”.
La titular del MPA refirió a sus dos antecesores en el cargo y planteó que “luego de una primera etapa fundacional y de una segunda de instalación institucional, en este tercer período se impone la optimización de los procesos y circuitos de trabajo vigentes para que sean más eficientes y eficaces, despojados de prácticas burocráticas, a los fines de dar respuestas institucionales a la altura de la realidad social atravesada por violencias altamente lesivas”.
“Uno de los mayores desafíos es darle a la gestión una impronta propia con lineamientos de política criminal claros, pero manteniendo el respeto hacia la institución que nos trasciende”, aseguró.
Vranicich hizo hincapié en que “a los fines de encontrar un equilibrio entre las demandas sociales, la complejidad de la conflictividad penal y los recursos y capacidades disponibles, consideramos de suma relevancia dotar al MPA de una política de persecución penal transparente, objetiva y eficiente, que establezca criterios de priorización y focalización sobre determinados fenómenos delictivos”. En esa línea, sostuvo que “necesitamos superar la lógica del abordaje de los delitos en forma aislada, automatizada e irreflexiva, reproduciendo la lógica del caso a caso”.
La fiscal detalló que “las violencias altamente lesivas son un fenómeno fundamentalmente urbano que ocurre en las ciudades de Santa Fe y de Rosario” y añadió que “en la ciudad del sur provincial, la violencia no solo es más extrema que hace unos años, sino que además se trata de violencias con características distintivas”. En esta línea, detalló que “mientras en 2014 los homicidios cometidos en un contexto de economía ilegal/organización criminal representaban el 29,1% del total, en 2023 ese porcentaje subió al 64,3%”.
La funcionaria judicial definió que “se incluyen en la categoría ‘Economía ilegal/Organización criminal’ los homicidios vinculados con mercados de producción y/o distribución de bienes o servicios que están definidos como ilegales y/o algunas de las personas involucradas (víctimas y/o supuestos/as autores/as) pertenecen a grupos más o menos estructurados y con cierta estabilidad temporal cuyas prácticas se ordenan en torno a economías ilegales”.
Microtráfico de drogas
Vranicich también brindó detalles acerca de la implementación en la provincia de la ley por la cual la provincia de Santa Fe adhirió a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, la cual entró en vigencia el viernes 29 de diciembre del año pasado.
“Creamos el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General con la responsabilidad institucional de poner en marcha la normativa de manera inmediata en el marco de la priorización del abordaje de las violencias altamente lesivas originadas en el mercado ilegal de drogas”, apuntó Vranicich. No obstante, enfatizó que “con los recursos existentes, y hasta tanto se asignen presupuestariamente los cargos creados por la ley y se adquiera la aparatología necesaria para realizar las pericias de estupefacientes, iniciamos un proceso de implementación gradual y progresiva de la nueva norma”.
La titular del MPA también valoró la confección de la Guía de actuación para fiscales del MPA en investigaciones en el marco de la ley de microtráfico.
Vranicich remarcó que “al 20 de abril de 2024, el MPA obtuvo la autorización judicial para que se realice el derribo de 19 búnkeres (12 en Rosario, 3 en San Lorenzo y 2 en la ciudad de Santa Fe), y hay 3 más con autorización pendiente”. Sostuvo que “las solicitudes de derribos y tapialamientos de inmuebles que son utilizados como búnkeres se enmarcan en la estrategia de persecución penal de priorizar las investigaciones en relación a los mercados abiertos de drogas, entendiendo por tales aquellos que operan en público (calles, plazas, búnkeres y otros puntos de fácil ubicación), en tiempos preestablecidos y en un área geográfica definida”.
Vranicich informó que “entre el 29 de diciembre de 2023 y el 20 de abril de 2024 se registaron 1.158 requerimientos relacionados a microtráfico, se realizaron 104 audiencias imputativas, se imputaron 168 personas y 107 quedaron en prisión preventiva”.
“De las personas investigadas por microtráfico en ese período en todo el territorio provincial, 202 fueron mujeres, de las cuáles 33 quedaron en prisión preventiva”, afirmó la Fiscal General. “El criterio para definir avanzar en una imputación se basa en el análisis interseccional con perspectiva de género”, sostuvo y explicó que “se tienen en cuenta el rol asumido por las mujeres que están involucradas en hechos junto a otras personas, el estado de vulnerabilidad, la autonomía para decidir participar, el vínculo con quien coordina la actividad, entre otras circunstancias”.
Intervención focalizada
En su Informe de gestión, Vranicich destacó “el valor de la intervención focalizada como herramienta estratégica de abordaje interinstitucional”, y aseguró que “este tipo de acciones permite mejorar la respuesta del MPA ante las violencias altamente lesivas”.
Específicamente, mencionó que “desde principios de este año, se trabaja de forma conjunta con el gobierno provincial y las municipalidades de Rosario y Santa Fe en el programa Intervención Barrial Focalizada (IBF)”. Al respecto, indicó que “los operativos están orientados a la prevención social, comunitaria, situacional y a la persecución penal estratégica en áreas urbanas con alta conflictividad”.
Por otro lado, anunció que “se está avanzando en la articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), para lograr vincular armas de fuego y municiones entre distintos hechos criminales”. Señaló que “el objetivo es detectar el desvío de esos elementos desde el mercado legal hacia las manos de organizaciones criminales”.
Vranicich también precisó que “en 2023 los fiscales participaron de un total de 28.790 audiencias, es decir, un promedio de 79 por día”, y aclaró que “el total incluye las que fueron realizadas en tribunales y las llevadas a cabo en las sedes de las Fiscalías”.
Además, brindó precisiones acerca de las personas privadas de su libertad en la provincia. Dijo que “al 31 de diciembre de 2023 eran 10.502 personas, de las cuales, el 60% tienen condena firme”.
“El año pasado hubo un total de 3.816 condenas, de las cuales, 333 fueron en juicios orales y públicos y 3.483 en juicios en los que se abreviaron los procedimientos”, informó.
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