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La Fiscalía española archivó una denuncia contra Julio Iglesias por presunta falta de jurisdicción

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar las diligencias que se habían iniciado a partir de una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, al considerar que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar los hechos señalados.

Desde el Ministerio Público argumentaron la falta de jurisdicción y señalaron que existe una “carencia de competencia de los tribunales” de ese país para intervenir en el caso, lo que impide avanzar en una investigación preprocesal. Según se explicó en la resolución, no se configuran los vínculos personales ni territoriales necesarios para que la Justicia española pueda actuar.

Las denunciantes, extrabajadoras del artista, no son de nacionalidad española ni habrían viajado con él a España, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía. Además, el organismo remarcó que Iglesias, de 82 años, no reside en ese país ni mantiene allí su centro de vida, intereses o actividad, elementos que también influyeron en la decisión de archivar las actuaciones.

Las acusaciones se refieren a supuestos hechos ocurridos en 2021 en propiedades del músico ubicadas en el Caribe, puntualmente en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas). Las denunciantes son dos mujeres que trabajaron en esas residencias y que relataron situaciones que, de haberse investigado en sede judicial, podrían haber sido encuadradas en presuntos delitos como agresión sexual, trata de personas, malos tratos y eventuales incumplimientos laborales, entre otros.

De acuerdo a declaraciones brindadas a la prensa en el marco de la investigación periodística que dio a conocer el caso, una de las mujeres tenía 22 años al momento de los hechos, mientras que el artista tenía entonces 77. La denuncia se sustentó en testimonios de extrabajadoras, documentación y distintos elementos que, según las denunciantes, respaldan su versión.

Con la decisión de la Fiscalía, el expediente queda archivado en España por una cuestión estrictamente vinculada a la competencia judicial, sin que se haya analizado el fondo de las acusaciones. Cualquier eventual investigación sobre los hechos debería tramitar, en caso de avanzar, en las jurisdicciones donde habrían ocurrido.

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