La causa judicial que investiga a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. La fiscalía pidió agravar la acusación contra el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por la presunta retención indebida de aportes millonarios.
El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial apeló la resolución del juez Diego Amarante al considerar que el procesamiento actual dejó afuera una parte clave de la maniobra investigada. En particular, cuestionó que se haya excluido un componente vinculado a ingresos por publicidad de los torneos, que según su planteo forma parte central del esquema.
En ese sentido, el fiscal solicitó ampliar los cargos contra los dirigentes y elevar los embargos, que actualmente están fijados en 350 millones de pesos para cada uno. La decisión final quedará ahora en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que deberá resolver sobre las apelaciones presentadas tanto por la fiscalía como por las defensas.
La investigación gira en torno a una presunta maniobra en la que la AFA habría retenido aportes e impuestos que debían ser transferidos al sistema de seguridad social. El monto total bajo análisis supera los 19.000 millones de pesos y abarca distintos conceptos vinculados a ingresos del fútbol profesional.
Uno de los puntos centrales del conflicto es si los ingresos provenientes del patrocinio y la publicidad también debían incluirse dentro de las obligaciones de retención. Para la fiscalía, esos fondos nunca formaron parte del patrimonio de la AFA, sino que correspondían a terceros desde su origen.
En su presentación, Navas Rial advirtió que limitar la acusación implica una “reducción artificial” del caso y podría afectar la reconstrucción completa de los hechos. Además, consideró que la decisión judicial previa representó un “cierre anticipado” del proceso.
El expediente ya tiene a Tapia y Toviggino procesados, junto a otros dirigentes, en una causa que se convirtió en una de las más sensibles para la conducción del fútbol argentino. Con este nuevo pedido de la fiscalía, el caso entra en una etapa clave que podría redefinir el alcance de las imputaciones y el futuro judicial de los involucrados.
Comentarios