El Gobierno anunció que entró en vigencia este jueves la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La operación quedó a cargo del consorcio Vía Navegable Argentina que integran la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, por los próximos 25 años.
El nuevo esquema fijó una rebaja del 13,5% en los peajes de la principal vía de transporte fluvial del país que pasó de US$4,30 a US$3,80.
De esta manera, permitirá a los buques completar cargas en los puertos de origen y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el inicio de la nueva etapa y señaló que permitirá “menores costos logísticos, más infraestructura y mayor competitividad para la producción argentina”.
La nueva concesión incluye el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), una infraestructura estratégica que concentra 60 terminales portuarias y por donde circula aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales del país.
Según detalló Caputo, la operación contempla la profundización de los ríos de la Plata y Paraná, así como la ampliación de la vía navegable en Entre Ríos, con la apertura y mantenimiento del Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera.
“Se incorporará tecnología de última generación, con cámaras, radares y sistemas digitales para una navegación más segura y eficiente”, escribió el jefe de Hacienda en X.
Además, se prevé una facturación promedio anual de US$628,2 millones y un volumen de ingresos estimado en US$15.707 millones a lo largo de toda la concesión.
Las proyecciones también contemplan un crecimiento del tráfico de embarcaciones durante los próximos 25 años. El movimiento internacional aumentaría un 38,1%, el transporte de cabotaje un 28,2% y el tránsito de buques al norte de Santa Fe un 52,4%.
Aunque la operación quedó concesionada al sector privado, el Estado mantendrá funciones de supervisión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El Ministerio de Economía indicó que continuará como autoridad de control del contrato y avanzará con la conformación definitiva del Consejo de Control.
Ese organismo estará integrado por representantes de los usuarios privados y de las provincias ribereñas, que tendrán la tarea de seguir la ejecución de la concesión y supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.
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