Desde las 8 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se realiza la audiencia imputativa contra el exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y otros ex altos mandos de la Policía santafesina, acusados de liderar una maniobra que habría desviado millones de pesos destinados a la compra de combustible para los patrulleros.
El caso tiene una fuerte carga política e institucional. Consultado por el tema, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó que recibió la noticia “con dolor”, al recordar que él mismo había ratificado a Acosta en su cargo al asumir. “A la policía de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe realmente le dimos todo. Le dimos el prestigio que tal vez había perdido durante mucho tiempo. Y esto uno lo vive con dolor, porque son personas con las cuales se planificaba y se trabajaba la operatividad policial”, señaló.
La investigación, a cargo del fiscal José Luis Caterina, apunta a un sistema de corrupción interna que habría permitido a los jefes policiales quedarse con unos 45 millones de pesos por mes, fondos que la provincia enviaba para el abastecimiento de los móviles. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, el dinero se desviaba mediante cargas “fantasma” de combustible y sobrefacturación en estaciones de servicio, una de ellas ubicada en Ovidio Lagos al 3900.
La maniobra se habría ejecutado a través del uso irregular de las tarjetas “Visa Flota”, entregadas a cada unidad policial para cubrir gastos de combustible. Las auditorías detectaron facturas duplicadas, móviles cargando nafta mientras estaban fuera de servicio y consumos incompatibles con los registros de GPS.
Además de Acosta, están involucrados Diego Santamaría, exjefe del Comando Radioeléctrico, y Héctor Saucedo, ex titular de la Policía Motorizada, junto a otros oficiales y civiles. Los tres fueron detenidos nuevamente la semana pasada, tras haber recuperado la libertad durante la primera etapa de la investigación. Las nuevas pruebas recolectadas motivaron el pedido de su reimputación y la solicitud de medidas cautelares.
El escándalo estalló en mayo de este año, cuando una auditoría del Ministerio de Seguridad detectó irregularidades en los registros de consumo. Desde entonces, se realizaron allanamientos en distintas dependencias policiales y estaciones de servicio, y la Unidad Regional II fue intervenida por 90 días.
Pullaro reiteró que el gobierno no tolerará conductas delictivas dentro de las fuerzas: “Cuando decimos que vamos a pelear contra el delito, no sólo hablamos de los violentos, sino también de los funcionarios que cometen delito”.
Durante la audiencia de este jueves, Acosta fue imputado junto a trece exjefes policiales bajo su mando, entre ellos su secretario privado y principal organizador, Rodrigo Domínguez. Este último era señalado como responsable de la “Oficina de Gestión de Multas” (OGM), un mecanismo interno mediante el cual se sancionaba a los uniformados que demoraban la rendición de pagos a la “superioridad”. En compensación por esas demoras, se les exigía la entrega de whiskies de alta gama, vinos y costillares.
La Fiscalía añadió que la OGM no solo se vinculaba a actividades ilícitas relacionadas con el manejo irregular de fondos de combustible, sino que también funcionaba como un mecanismo de recaudación de dádivas. Según los investigadores, estas exigencias respondían a las órdenes de Acosta y eran ejecutadas por Domínguez, señalado como la “cara visible” de este sistema interno de castigos.
La causa, que ya lleva varios meses de investigación, expone una trama de corrupción de alto impacto dentro de la Policía rosarina y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los controles internos y la transparencia en el manejo de recursos destinados a la seguridad pública.
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