El jueves 11 de enero de 2024 quedará marcado como una bisagra en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Es que en las primeras horas del día, se demolió un búnker en la zona oeste de la ciudad, en un asentamiento sobre la vía en barrio Bella Vista, con la presencia del ministro de Seguridad y funcionarios judiciales, entre ellos la jefa de todos los fiscales de la provincia, María Cecilia Vranicich. El operativo, con fuerte presencia policial, significó el primer derribo de una instalación vinculada al narcomenudeo desde que hace pocos días se apruebe en la Legislatura de Santa Fe la adhesión a la Ley de Microtráfico.
Y a esa misma hora, en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Franco Carbone solicitaba una medida inédita: derribar la casa de Francisco Riquelme, el narco que encargó a fines de diciembre por 300 mil pesos y desde la cárcel una balacera a una escuela para amenazar al gobernador Pullaro. En la audiencia, el funcionario del MPA pidió también tirar abajo otras cuatro instalaciones, vinculadas a “Chucky” Monedita y Alan Funes, otros dos jugadores fuertes de las bandas criminales locales. La jueza Silvia Castelli resolvió favorablemente la solicitud. Entre los presentes en la sala, estaba otra vez Vranicich -que se fue rápido desde Bella Vista a barrio Hospitales para poder estar en el CJP a la hora de la resolución- y el Secretario de Seguridad provincial, Omar Pereira, marcando la importancia institucional de lo que estaba pasando.
Antes de irse del lugar en el que trabajaba la retroexcavadora hacia el CJP, Vranicich había llegado a decir a Red Boing: “En este operativo puntualmente, la génesis es el trabajo muy comprometido del fiscal Vescovo y una jueza que autorizó el derribo. En este búnker que ahora se está demoliendo, se generó la muerte de una persona. Esto era lo que llamamos ‘un mercado abierto de drogas’ en un barrio en el que hay, acá a pocos metros, dos escuelas. Y a esta misma hora hay otro fiscal pidiendo varios derribos más. Dependemos de los jueces, a quienes tenemos que convencer que se trata de lugares que generan violencia altamente lesiva. Pasaron apenas trece días desde la sanción de la ley y estamos trabajando lo más rápido que se puede, depende de la evidencia con la que se cuente”.
El propio gobernador Pullaro, que al mediodía del jueves hizo un balance de su gestión a un mes de asumir, fue consultado por el derribo del búnker de zona oeste y la decisión judicial de ir por otros más, entre ellos el vinculado a quien lo amenazó: “No vamos a parar. La ley nueva permite que donde tenés un punto de drogas podés intervenir rápidamente con los fiscales provinciales. ¿Ahí termina el problema? No. Pero ese delincuente que durante años en la Argentina fue tratado como un perejil o como víctima del sistema, hoy para el Estado de la provincia de Santa Fe es tratado como un delincuente. Es una persona que enferma a los vecinos del barrio y que en función de muchos consumos problemáticos que derivan de la venta de droga, genera delitos contra la propiedad como el robo de celulares y otros que tienen que ver también con eso. Vamos a ir a fondo y la ley nos ampara para derribar esas construcciones”.
La audiencia que decidió cinco derribos más
“Hemos solicitado a la jueza Silvia Castelli el derribo de cinco instalaciones dispuestas para la venta de estupefacientes al menudeo. Esta es la primera consecuencia de aplicar la ley de microtráfico y tendrá especial importancia en los barrios de los cuales estamos hablando, como Empalme, Ludueña y Tablada”, le dijo el fiscal Carbone a Red Boing al finalizar la audiencia.
El mismo funcionario del MPA amplió explicando quién es Francisco Riquelme, vinculado a una de las dos propiedades de Felipe Moré al 600 bis que serán demolidas, ya que la otra en la misma cuadra está relacionada con su hermano. En los dos casos, se trata de viviendas usurpadas: “Él está preso en una cárcel federal, tiene una pena en expectativa a prisión perpetua, tiene quince imputaciones y hace dos días le probamos dos ataques en un mismo día: uno a la Comisaría 19, del 27 de diciembre y un intento de balear una escuela para amenazar al gobernador Pullaro, hecho que fue frustrado minutos antes por la policía”.
En la audiencia, la jueza Castelli a la hora de resolver sostuvo con mucho detalle la definición de quién es Riquelme y el impacto que generó en Rosario en los último años su accionar: “Empieza a tener trascendencia cuando intenta matar a Mariana Ortigala -en referencia al atentado en 2020 contra quien era integrante de la banda de Alvarado y luego pasó a la organización rival Los Monos-, pero desde ahí empezó a formar su propia organización, tanto o más cruenta que la de Alvarado. En muchas cartas de incidencia hubo muertes y heridos. Hay también enfrentamiento con una organización rival, pordemos mencionar lo que pasa con Matías “Pinocho” César desplazándose a Ludueña”.
Y en ese punto, la jueza sorprendió con la descripción que hizo de lo que pasa en Rosario en uno de los barrios zonas más calientes en el último tiempo, como es Ludueña: “Hubo una guerra de guerrillas”, señaló la magistrada, que planteó como agravante el uso de menores de edad por parte de las bandas. Además, dijo: “Respecto a la Ley de Narcomenudeo y la medida de derrumbe que estamos resolviendo, sabemos que son herramientas nuevas y todos nos estamos acomodando. Yo valoro el trabajo multiagencial: el Estado no puede bajar, golpear y retirarse. Después de demoler, tiene que haber un trabajo en el territorio que permita aprovechar la sintonía política hoy entre Estado municipal y provincial para potenciar los arraigos. Ahora, hay que trabajar en prevención, con todas las áreas del Estado. Estamos ante una oportunidad histórica para mejorarle la calidad de vida a la gente”.
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