A pocos días de cumplirse un mes desde que permanece retenida en Río de Janeiro, Brasil, acusada de realizar gestos y expresiones racistas contra cuatro empleados de un restaurante, Agostina Páez (29) recibió en las últimas horas una nueva y desfavorable resolución judicial. El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro (MPRJ) solicitó su prisión preventiva, a pesar de que actualmente se encuentra aislada en un departamento y bajo monitoreo con tobillera electrónica.
De acuerdo al comunicado difundido este martes por el organismo, la denuncia penal indica que Páez se encontraba junto a dos amigas en el local gastronómico cuando, tras una discusión por el monto de la cuenta, insultó de manera ofensiva a uno de los mozos con expresiones vinculadas a su color de piel. “Según la denuncia penal, la imputada llamó ‘negro’ a un empleado con la intención de discriminarlo y menospreciarlo”, detalla el MPRJ.
La acusación también incluye agravios hacia una cajera del establecimiento. Según el comunicado oficial, Páez la habría llamado “mono” durante la discusión. “Aun después de ser advertida por la víctima, la acusada se dirigió a la cajera del bar y la llamó ‘mono’, además de hacer gestos que simulaban al animal”, precisa el texto difundido por la fiscalía.
Según consignó el medio brasileño O Globo, el fiscal a cargo de la investigación sostuvo en su pedido que las medidas dispuestas hasta el momento no resultan suficientes para garantizar el proceso judicial. “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”, señala un extracto del documento citado por el portal.
En esa misma línea, el investigador argumentó que la conducta de Páez refuerza la necesidad de su detención, al subrayar que “incluso después de haber sido advertida por más de un funcionario de que su conducta constituía un delito en Brasil, la acusada persistió en los delitos raciales, extendiéndolos incluso a espacios públicos”.
Por último, el fiscal consideró que la actitud de la imputada evidencia un “desprecio por las normas jurídicas y sociales, así como baja adhesión a las órdenes de alejamiento”, fundamentos que respaldan el pedido para que la medida cautelar sea convertida en prisión preventiva.
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