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Política

La justicia federal dispuso medidas de prueba: se complica la situación de la lista de Caren Tepp y Agustín Rossi

Caren Tepp y Agustín Rossi. Su espacio político fue denunciado por Provincias Unidas.

El fiscal federal N° 1 de Santa Fe, Guillermo Onel, dispuso este viernes una batería de medidas para esclarecer la denuncia presentada contra la alianza Fuerza Patria por la presunta utilización de recursos destinados a una organización civil en su campaña electoral para las generales de octubre de 2025. La causa -cabe recordar- se abrió a partir de la presentación realizada por los apoderados de la alianza Provincias Unidas, quienes apuntaron a la posible desviación de fondos pertenecientes a la Asociación Civil 29 de Abril, con sede en la ciudad de Santa Fe.

La lista de Fuerza Patria estuvo encabezada por Caren Tepp (de Ciudad Futura) y el peronista Agustín Rossi. La denuncia que se presentó contra ese espacio político es por haber usado fondos de la Asociación Civil 29 de Abril, una ONG que nació en 2003 para llevar ayuda a las víctimas de las inundaciones en la capital santafesina ese año, para pagar la campaña en redes sociales en las últimas elecciones para legisladores. El dato surge de un informe que presentó Google, que registró un pago de 21 milones de pesos de parte de la “29 de Abril” para banners de Fuerza Patria.

En su dictamen, Onel ordenó:

  • Incorporar el informe previo de campaña presentado por Fuerza Patria ante la Justicia Electoral.

  • Sumar el informe comercial de Nosis sobre la Asociación Civil 29 de Abril.

  • Requerir a la Inspección General de Personas Jurídicas copia certificada del estatuto de la ONG, sus modificaciones y sus balances contables.

  • Ordenar a la Policía Federal verificar la existencia del domicilio declarado por la ONG, en calle Centenera 4095 de Santa Fe, y constatar si allí funciona efectivamente su sede. Además, pidió identificar a las personas que concurren al lugar de manera habitual.

Las medidas apuntan a reconstruir el flujo real de fondos y establecer si hubo desvío hacia actividades proselitistas, un delito contemplado en la normativa electoral.

La causa seguirá su curso en el Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe, en un proceso que podría escalar si se confirma que recursos de una entidad civil sin fines de lucro fueron utilizados para financiar la estructura partidaria.

La causa judicial investiga el financiamiento de la campaña de Fuerza Patria en Santa Fe.

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