El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) ordenó este martes avanzar con el decomiso y la ejecución de 122 bienes inmuebles pertenecientes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente condenada a seis años de prisión domiciliaria, y a otros imputados en la causa Vialidad. La decisión alcanza también a propiedades y activos registrados a nombre del empresario Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo.
La medida se dispuso tras quedar firme la sentencia dictada en diciembre de 2022, ratificada en junio de este año, que determinó la existencia de un mecanismo de fraude en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según el Ministerio Público Fiscal, los bienes decomisados fueron identificados como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra investigada.
Un decomiso que asciende a casi $685 mil millones
El TOF, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, actualizó el monto original del decomiso, que había sido fijado en $84.835 millones, a un total de $684.990 millones, según peritajes contables avalados por la Corte Suprema de Justicia.
Ante el incumplimiento de los condenados de efectuar el pago solidario en el plazo estipulado, el tribunal dispuso avanzar con la realización y venta de los activos identificados.
Entre los bienes alcanzados figuran:
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Propiedades de Lázaro Báez y de las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto.
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Terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Un inmueble a nombre de Cristina Kirchner.
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Bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Fundamentos del tribunal
La sentencia estableció que existió un circuito de beneficios indebidos por la adjudicación irregular de obra pública, con sobreprecios, cartelización y falta de controles, que favoreció al empresario Báez. Ese flujo de fondos públicos derivó —según los jueces— en un crecimiento patrimonial ilícito que se materializó en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
El TOF rechazó los planteos de las defensas sobre la supuesta falta de nexo entre los bienes y los delitos, la existencia de sobreseimientos previos y la presunta afectación a terceros. Remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos ilícitamente.
Los magistrados citaron además tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que impulsan la recuperación de activos como principio esencial, y advirtieron que una interpretación restrictiva del decomiso podría fomentar impunidad económica en delitos de corrupción estructural.
Qué pasará con los bienes
El tribunal ordenó que, una vez tasados, los bienes sean informados a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia. Además, instruyó a inscribirlos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
También se instó a que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social, especialmente en Santa Cruz, donde múltiples obras viales quedaron inconclusas.
Lo que había adelantado el fiscal Diego Luciani
Días atrás, el fiscal Diego Luciani —quien impulsó la acusación en el juicio Vialidad— había anticipado públicamente que buscaba acelerar la ejecución del decomiso.
“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso por más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes a pagar, no pagaron. Hay que ir por los bienes”, expresó en una disertación ante el Rotary Club de Buenos Aires.
Luciani, junto a su par Sergio Mola, había solicitado formalmente al TOF 2 avanzar de inmediato, al vencer el plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $684.990.350.139,86, equivalente a unos 500 millones de dólares.
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