El juez federal Ariel Lijo ordenó este miércoles el levantamiento de la información bancaria, financiera y fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó una investigación patrimonial exhaustiva sobre el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, desde enero de 2022. El análisis incluye cuentas bancarias, inversiones bursátiles, dos vehículos de alta gama, operaciones inmobiliarias en tres propiedades y trabajos de construcción en un lote ubicado en un golf club privado.
Por otra parte, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Silvia Pais, madre de Adorni, y de otras personas vinculadas a la investigación, entre ellas Norma Zuccolo, Beatriz Alicia Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, la comisaria retirada Graciela Isabel Molina y su hija Victoria María José Cancio.
El período bajo análisis antecede la asunción de Adorni en la función pública, con el objetivo de comparar su evolución patrimonial antes y después de su ingreso al Estado. Además, la investigación alcanza a la empresa “MasBe”, señalada por la fiscalía como vinculada al funcionario y su esposa, cuya operatoria financiera también será examinada.
En ese marco, el fiscal requirió al Banco Central de la República Argentina un informe detallado sobre todas las cuentas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, plazos fijos, créditos, tarjetas y billeteras virtuales que Adorni, Angeletti y la firma hayan tenido desde 2022 hasta la actualidad. También se identificaron productos del Banco Galicia y Buenos Aires y tarjetas de crédito cuyos resúmenes completos fueron solicitados.
A su vez, la Comisión Nacional de Valores deberá informar sobre eventuales inversiones en acciones, bonos, CEDEARs y fondos comunes, mientras que ARCA tendrá que aportar declaraciones juradas, ingresos, bienes, deudas y posibles activos en el exterior, en el marco de acuerdos internacionales de intercambio de información fiscal.
La investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de propiedades, entre ellas un departamento en la calle Miró al 500, otro en avenida Asamblea 1100 y un lote en el barrio privado Indio Cua Golf Club. En ese contexto, la fiscalía citó a declarar a testigos vinculados a esas operaciones, incluidos vendedores y personas relacionadas con una hipoteca privada.
Además, el fiscal solicitó la documentación respaldatoria de las transacciones y la posibilidad de extraer información de los teléfonos celulares de los involucrados, en busca de reconstruir el circuito financiero detrás de las operaciones investigadas.
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