La Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió este jueves que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a cobrar la pensión no contributiva que percibía por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, al dejar sin efecto la resolución de la ANSES que había dado de baja el beneficio. La medida fue adoptada por la Sala III del tribunal, integrada por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, y tendrá vigencia mientras avance el proceso judicial de fondo por la quita de las asignaciones.
El fallo declara formalmente admisible el recurso presentado por la defensa de la exmandataria y dispone “suspender los efectos” de la resolución administrativa que había interrumpido el pago en noviembre de 2024. De esta manera, la exvicepresidenta volverá a percibir la prestación previsional que, según los últimos registros oficiales, alcanzaba los $9.658.606,27 netos mensuales, sin contar el adicional por zona austral.
La controversia se originó cuando el organismo previsional resolvió dar de baja tanto la pensión por fallecimiento de su esposo como la asignación vitalicia como expresidenta, en el marco de interpretaciones administrativas vinculadas a su situación judicial. La Cámara, sin embargo, consideró que en esta etapa preliminar no se acreditó de manera suficiente la relación entre los fundamentos invocados y la decisión adoptada.
En su voto, el juez Sebastián Russo sostuvo que “corresponde otorgar prevalencia al carácter alimentario del derecho cuya tutela se persigue y a la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo”. Su colega Juan Fantini adhirió a esa postura, al entender que el beneficio previsional posee naturaleza alimentaria y requiere una evaluación más profunda antes de su eventual suspensión definitiva.
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— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) February 12, 2026
Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón celebró la resolución y afirmó en redes sociales: “Se hizo justicia”. Además, explicó que el tribunal fue claro al señalar que, en esta instancia, el acto administrativo no exhibe un nexo causal suficiente que justifique la baja del beneficio. También subrayó que la decisión no interfiere con la ejecución penal, ya que —según expresó— se trata de “planos distintos”.
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que el Gobierno interpondrá un recurso extraordinario federal a través de la ANSES para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la sentencia. La discusión jurídica gira en torno a la compatibilidad entre las condenas penales y el cobro de asignaciones previstas en la ley 24.018, que regula las jubilaciones y pensiones de privilegio.
En paralelo, la exmandataria también fue noticia porque los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles, además de automotores y sumas de dinero en cuentas bancarias, en el marco de otra causa judicial.
La resolución de la Cámara reabre así el debate sobre el alcance de los beneficios previsionales especiales, su carácter alimentario y los límites administrativos para su suspensión, en un caso que continuará escalando en las distintas instancias judiciales.
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