Luego de recorrer los espacios de detención para integrantes de las fuerzas de seguridad y para los acusados por delitos de lesa humanidad, ver el pabellón femenino, el de seguridad masculino, los sectores para incomunicados y los baños del Centro de Detención Judicial (Unidad 28), el Servicio Penitenciario Federal (SPF) devolvió ayer, de manera anticipada, el espacio que en 1981 le había cedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En 1981, con la resolución 328 se aprobó el convenio entre el entonces Ministerio de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, y el presidente de la Corte, para la instalación del Centro de Detención Judicial.
Este espacio, de 1572m2, llegó a albergar a 200 presos que pasaban semanas enteras y hasta meses allí. Eso motivó reiteradas denuncias de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). que constató la permanencia de detenidos por períodos mayores a 24 horas, en infracción a la legislación vigente, y verificó la falta de mantenimiento, seguridad e higiene de las instalaciones.
De esta manera, el propósito original de la U28, de lugar de tránsito, se desvirtuó, convirtiéndose en un foco de hacinamiento que vulneraba los derechos humanos de las personas allí detenidas.
A lo largo de los años, la precaria situación del Centro de Detención Judicial fue materia de preocupación constante de la Corte Suprema. En 2012 dictó la Acordada 12/2012, con disposiciones generales referidas al alojamiento de detenidos en el Centro de Detención Judicial (Unidad 28). Al año siguiente, la Acordada 3/2013, sobre ejecución de las obras de adecuación de la ex-Unidad 22 para su rehabilitación. Ese mismo año, por Acordada 33/2013, el emplazamiento al Servicio Penitenciario Federal para que adopte las medidas eficaces a fin de evitar el pernocte de internos por más de una noche y garantizar las debidas condiciones de detención.
En 2016, con la Acordada 43/2016 se hizo un nuevo requerimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para adoptar con urgencia medidas para evitar la permanencia de personas detenidas por períodos mayores veinticuatro horas en condiciones inapropiadas en la Unidad 28.
Ya en 2017, con la Acordada 8/2017 se comunicó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la voluntad de dejar sin efecto la cesión del uso de ese espacio.
Finalmente, en julio pasado, mediante la Resolución 1609/2025, el Máximo Tribunal dejó sin efecto la cesión de uso del espacio donde funcionaba el Centro y solicitó su devolución al Poder Ejecutivo, hecho que se materializó ayer.
Una delegación de la Corte, encabezada por su administrador general, Gerardo Prataviera; el director de Seguridad, comisario retirado Roberto Varela; funcionarios de la Secretaría Jurídica General y de la Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura recorrieron las instalaciones junto con el director nacional del SPF, Fernando Martínez; la alcalde mayor Pierina Brandi, secretaria general de administración del Servicio, y el director de la Unidad, Alejandro Mejías.
En dicha recorrida, realizada el miércoles 10 de diciembre, en la que se constató el estado general del inmueble, se acordó que el, 11 de diciembre, una comisión encabezada por los arquitectos de la Corte y del SPF harían una nueva inspección y suscribirían el acta de entrega formal, tras lo cual quedaron en posesión del Máximo Tribunal la llave y los espacios que ocupaba la Unidad 28 sobre la calle Lavalle.
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