La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó este martes que el Gobierno nacional deberá ejecutar de inmediato la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo contra la medida cautelar dictada en primera instancia.
El fallo confirma la resolución judicial que obliga a la administración nacional a cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la norma, que contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025. También incluye la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Duro revés judicial al Gobierno
En su resolución, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán rechazaron los argumentos del Estado nacional, que había sostenido que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva encubierta.
La Cámara fue especialmente crítica con la apelación oficial al considerar que los agravios presentados resultaban “poco serios”, en uno de los tramos más duros del fallo.
Además, los magistrados remarcaron que el impacto fiscal de la medida es bajo y que no se ve afectado de manera sustancial el interés público. Por el contrario, señalaron que está en juego un derecho central garantizado por la Constitución Nacional: el acceso a la educación superior pública.
El origen del conflicto
La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, a partir de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y respaldada por más de 40 universidades públicas.
En aquella resolución, el magistrado había considerado que el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la aplicación de la ley, presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
El decreto establecía que la norma solo podría ejecutarse una vez que el Congreso determinara las fuentes específicas de financiamiento e incorporara las partidas al Presupuesto Nacional.
Un conflicto que escaló en las calles
La disputa por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario durante 2024 y 2025.
Las universidades nacionales, junto a gremios docentes, no docentes y centros de estudiantes, protagonizaron multitudinarias marchas federales en distintos puntos del país para reclamar la aplicación de la ley y la recomposición salarial.
El conflicto alcanzó uno de sus puntos más altos tras el veto presidencial a la norma y la posterior insistencia del Congreso, que terminó sancionando definitivamente la ley.
Pese a ello, el Ejecutivo avanzó con el decreto que suspendió su implementación, una decisión que ahora volvió a recibir un fuerte revés judicial.
Qué puede pasar ahora
Con la decisión de Cámara, el Gobierno queda obligado a ejecutar la ley de manera inmediata, al menos en lo que respecta a la actualización salarial y a los programas de becas.
Sin embargo, la disputa de fondo por el financiamiento universitario podría continuar tanto en el plano judicial como en el político, mientras el oficialismo analiza impulsar una nueva norma que modifique el esquema vigente.
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