La Justicia federal dio lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y suspendió este martes el decreto del Gobierno nacional que había dejado sin efecto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. De esta manera, el fallo obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con los aumentos salariales para docentes y no docentes, así como con la actualización de las becas estudiantiles.
La resolución fue dictada por el juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, quien consideró que el decreto firmado por el presidente Javier Milei, luego de la insistencia del Congreso, presenta elementos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, al afectar de forma clara e inequívoca derechos y garantías reconocidos constitucionalmente.
En su fallo, el magistrado explicó que la cautelar tiene carácter innovativo, ya que la parte actora solicitó el “cumplimiento inmediato” de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, vinculados a la recomposición y actualización de los salarios universitarios y del monto de las becas. En ese sentido, remarcó que este tipo de medidas son excepcionales, dado que alteran el estado de hecho y de derecho existente y suponen un anticipo favorable respecto de una eventual sentencia definitiva.
Cormick también fundamentó su decisión en la aprobación de la ley por parte del Congreso y en la posterior insistencia legislativa frente al veto presidencial. Según sostuvo, la solución precautoria se apoya en la “prevalencia del texto constitucional”, que establece que una vez sancionada una ley, esta pasa al Poder Ejecutivo sin prever mecanismos suspensivos para su promulgación.
Además, el juez advirtió que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios sino también en el ejercicio del derecho a enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. “Existe una afectación directa sobre el efecto del trabajo docente y no docente”, señaló.
Finalmente, el fallo indicó que la no concesión de la medida cautelar implicaría un ahorro “poco significativo” para el presupuesto general de la Administración Pública Nacional, en comparación con el perjuicio que genera sobre el sistema universitario y educativo.
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