Los efectos judiciales de la denominada “ley de inocencia fiscal” ya se sienten con fuerza en el fuero penal económico. Fuentes judiciales coinciden en que, tras la sanción de la norma junto al Presupuesto 2026, se produjo un cierre masivo de expedientes, con un promedio de entre 15 y 20 causas que caen por día, o incluso más en algunos juzgados.
La ley incrementó de manera drástica los montos mínimos a partir de los cuales se configuran los delitos tributarios. La evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la evasión agravada de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que representa un aumento del 6567% en ambos casos. Aún más pronunciado fue el cambio en el delito de evasión a través de terceros, que subió un 9900%, de $2.000.000 a $200.000.000.
“Son muy pocas las causas que superan los nuevos montos”, explicó un funcionario judicial, que detalló que en su despacho quedaron apenas cuatro expedientes activos de más de 300 que tramitaban, todos vinculados a facturación apócrifa.
Un impacto que recién empieza
Si bien la ley comenzó a regir el 2 de enero, su impacto real se sintió en febrero, tras el receso judicial. En total, estuvo operativa solo 13 días hábiles, pero el proceso de archivo de causas continúa y se espera que se profundice en las próximas semanas.
El fenómeno también relativiza el problema de las vacantes en la Cámara del fuero penal económico, que actualmente funciona con solo dos jueces sobre seis vocalías. Muchos de los casos que abandonan la órbita penal pasan ahora al ámbito administrativo.
Jueces, fiscales y ARCA, en sintonía
Las causas se cierran por dos vías principales: pedidos de las defensas para quedar alcanzados por la nueva ley o decisiones de oficio de los jueces, basadas en el principio constitucional de la ley penal más benigna. En paralelo, los fiscales optan por no apelar o directamente desisten de las acusaciones.
Un dato clave es el alineamiento actual de los fiscales con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que instruyó a sus equipos jurídicos a aplicar de manera “universal e irrestricta” la ley penal más benigna y a reconocer los nuevos umbrales en causas ya iniciadas.
“A diferencia de otras épocas, los fiscales y ARCA hoy están alineados”, señaló el juez Marcelo Aguinsky, quien incluso consideró necesario actualizar el monto que separa una infracción aduanera del delito de contrabando, actualmente fijado en $500.000.
Un fallo que marca el rumbo
La semana pasada, la Cámara de Casación dio una señal clara al revertir una condena contra una empresa de calzado y su presidente, Guillermo Andrés Gotelli, condenados por apropiación indebida de recursos de la seguridad social. La Sala III, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani, entendió que los montos involucrados quedaban por debajo del nuevo umbral penal y ordenó declarar la atipicidad de la conducta.
Debate: ¿amnistía o foco en los “grandes evasores”?
Los críticos de la ley sostienen que los nuevos montos funcionan como una “amnistía fiscal encubierta”. Sus defensores, en cambio, argumentan que el Estado concentra recursos en perseguir penalmente solo a los grandes evasores, mientras que los casos menores no quedan impunes, sino que se resuelven por la vía administrativa.
“La medida apunta a una política criminal verdaderamente focalizada en los grandes evasores”, sostuvo Borinsky, quien destacó que el traslado de causas menores al ámbito administrativo puede incluso mejorar la recaudación.
En ese marco, uno de los expedientes que sí continúa en la órbita penal es la denuncia de ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por un presunto monto evadido superior a los 19.000 millones de pesos, que involucra a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y a otros dirigentes.
Mientras tanto, el fuero penal económico atraviesa una transformación profunda: menos causas, menos imputados y un nuevo criterio que redefine qué conductas merecen reproche penal y cuáles pasan a resolverse fuera de los tribunales.
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