En la madrugada del sábado 3 de enero, la noticia del ataque de Estados Unidos sobre Caracas y la captura del hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, sorprendió al mundo. Y unas horas más tarde Grupo Boing ya estaba transmitiendo desde la ciudad colombiana de Cúcuta, en el límite con Venezuela, junto a unos cien periodistas de la RAI, TVE y demás cadenas globales que montaban guardia en la frontera.
No se sabía todavía si habría nuevas incursiones miiltares, si habría respuesta armada de las Fuerzas Bolivarianas, si Rusia y China intervendrían en la escalada, si Colombia también sería atacada entre tanto cruce de mensajes de Trump y Petro. Pero allí estaban las cámaras, en medio de migrantes que pasaban de un país al otro y tres tanques del ejército colombiano como señal de que en cualquier momento algo podía pasar.
El dato del permiso no otorgado a la prensa internacional por la Cancillería de Caracas lleva a una reflexión elocuente: si las autoridades venezolanas no admiten el ingreso de los medios al país, es porque hay cosas que no quieren que se vean.
Una semana después, ninguna de las visas gestionadas ante el Consulado había sido aprobada y los periodistas que habíamos viajado desde Argentina, Japón, Alemania, Portugal, España o Chile, por citar solamente algunos, nos teníamos que volver a casa sin haber podido entrar al país que lleva un cuarto de siglo de Revolución Bolivariana. Y así, las únicas historias que se habían podido encontrar habían sido las de quienes cruzaban desde Táchira a Cúcuta.
¿Suficiente para dimensionar en el territorio el impacto de la caída de Maduro? No. Pero seguramente, lo hecho por los medios de comunicación la semana pasada desde la caliente frontera entre Colombia y Venezuela sirva para ayudar a entender lo que vive ahora mismo un pueblo que protagonizó un éxodo en los últimos años sólo superado como movimiento migratorio en lo que va del siglo XXI por el de los pobladores de Gaza: se estima que ocho millones de venezolanos viven fuera de su país. Además, el dato del permiso no otorgado a la prensa internacional por la Cancillería de Caracas lleva a una reflexión elocuente: si las autoridades venezolanas no admiten el ingreso de los medios al país, es porque hay cosas que no quieren que se vean.
¿De qué escaparon los venezolanos que se fueron de su país? ¿Qué buscan que no encontraban en su tierra natal? Con esas dos preguntas, básicas pero complejas a la vez, durante toda una semana los cronistas enviados a Cúcuta fuimos abordando a cada una de las personas que pasaban la frontera. Había familias enteras que volvían con sus valijas de haber pasado las Fiestas de fin de año en algún lugar de Venezuela con los suyos y ahora regresaba al país en el que está viviendo, había mamás con bebés recién nacidos que cruzaban a buscar una vacuna, comerciantes que iban a buscar ropa barata a Colombia para volver en el mismo día y revender en su pueblo, entre otras historias. Pero lo que había -siempre- era miedo. Todos, sin distinción de edad o nivel de ingreso, tenían temor de opinar y que eso signifique la cárcel para ellos mismos o alguien de su familia.
“Es que la policía está parando a la gente en la calle para revisarles sus teléfonos. Y si usted tiene un estado de Whatsapp celebrando la salida de Maduro o algo por el estilo, puede ir preso”, relataban todos con temor.
Ese enjambre de periodistas apostados a la salida de Migraciones sobre el lado colombiano, de a ratos parecía surrealista: cada venezolano que cruzaba con sus hijos y un par de valijas se veía rodeado de cámaras y micrófonos, casi como si fuera Messi al final de un partido o un político en conferencia de prensa. En general, a pesar de la situación que les debía resultar sorpresiva o incómoda, todos accedían a contar algo con amabilidad y respeto, aunque decían mucho más sin la cámara encendida. Los que se animaban a ser grabados, antes preguntaban adónde se iba a ver el reportaje: “Es que la policía está parando a la gente en la calle para revisarles sus teléfonos. Y si usted tiene un estado de Whatsapp celebrando la salida de Maduro o algo por el estilo, puede ir preso”, relataban todos con temor.
“¿Cómo están después de que Estados Unidos haya atacado Caracas para llevarse a su presidente?”, era otra de las preguntas que se repetía. Las respuestas también se parecían: que en las primeras horas los había asustado un eventual nuevo bombardeo a otros puntos del país y que los precios habían subido tras la salida de Maduro, porque los comerciantes habían remarcado.
Pero ahora, que Venezuela parecía transitar una tensa calma, sólo “le pedían a Dios” que haya paz: se entiende en un pueblo históricamente muy católico, que desde la llegada de Chávez al gobierno en el año ’99 sumó en porciones iguales lecturas de marxismo y Simón Bolivar.
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Pasaron diez días desde que tropas de élite norteamericanas llegaron de madrugada a Caracas, sin consulta de Trump con la ONU o algún organismo internacional. No hubo todavía un saldo oficial de muertos, aunque se estima que fueron unos 80 –32 de ellos cubanos, que integraban el círculo de seguridad de Nicolás Maduro-. El presidente de Estados Unidos ya se reunió con petroleras de su país a las que invitó a hacer inversiones en Venezuela, como si la tierra caribeña fuese tan suya como la torre de Manhattan que lleva su nombre.
Dentro de Venezuela, el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció formalmente que se empezaban a liberar presos políticos, reclamo de larga data de la comunidad internacional que recién empieza a ser atendido ahora, con Delcy Rodríguez a cargo provisionalmente del gobierno. En El Helicoide, la cárcel con diseño futurista en Caracas, que se había empezado a construir como uno de los centros comerciales más grandes del mundo y terminó siendo un centro de torturas a los opositores, hay familiares apostados con velas, a la espera de novedades de más liberaciones.
Los hermanos Rodríguez son, desde el 3 de enero, las dos personas con rango institucional más relevante de Venezuela. Ambos son hijos de un guerrillero que en 1976 comandó el secuestro de un empresario norteamericano en Caracas, en tiempos convulsionados de lucha armada y debate global por el precio de los combustibles, la creación de la OPEP y la nacionalización del pertróleo que había ordenado el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Cincuenta años después de aquello, vuelven a cruzarse las piezas sobre el tablero: Estados Unidos, las riquezas venezolanas y el destino de su pueblo.
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La mayor parte de los migrantes venezolanos que hay por el mundo se fue en medio de lo peor de la crisis, en 2017 y 2018. En aquellos tiempos había guarimbas por todo el territorio, protestas que en muchos casos tuvierona los estudiantes como protagonistas y que terminaban generalmente con detenidos y heridos, a veces muertes. En los supermercados, había fuerte desabastecimiento. Desde la muerte de Chávez, en términos electorales varios nombres propios quisieron conducir a la oposición al gobierno y ganarle a Maduro, nunca con éxito: Henrique Capriles, Juan Guaidós y María Corina Machado fueron los referentes que iban recogiendo voluntades en medio de un oficialismo que se iba desgajando.
En 2024, el resultado de las elecciones fue controvertido por la comunidad internacional, que entendió que las había ganado Machado, la misma que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en diciembre pasado y que será protagonista en pocas horas de una reunión con Trump en la Casa Blanca. Pero Maduro se dijo ganador y desde su despacho en el Palacio de Miraflores siguió desafiando al presidente de los Estados Unidos a “que fuera a buscarlo” si se animaba.
¿Fue por haber aceptado el Nobel a su nombre en lugar de delegarlo en Trump que Machado no fue nombrada presidenta “de facto” tras la incursión militar nocturna en la capital de Venezuela? Los celos del titular de la Casa Blanca es la hipótesis que algunos arriesgan, aunque resultaría más lógico pensar que un cambio completo de gobierno hubiera abierto una confrontación militar en el Caribe y violencia en las calles de Venezuela. Algo que por ahora, con la decisión de los Estados Unidos de aceptar a Delcy Rodríguez, no pasó.
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Hoy, entre las ciudades con el mundo con más venezolanos emigrados está Bogotá, donde vive más de medio millón de personas nacidas en Venezuela. Allí, un trabajador gana en promedio diez veces más que en su propio país, aún haciendo una tarea mucho menos calificada: las calles de la capital colombiana están repletas de jóvenes en bicicleta con la mochila naranja de la aplicación Rappi. Algunos son profesionales, que eligieron este modo de ganarse la vida para tener un mejor ingreso y menos miedos, aunque añoran su tierra.
Al dato lo relevó este cronista, en la escala de regreso a la Argentina. Y como ya había pasado en la frontera, casi nadie se animaba a hablar en cámara, por temor a una represalia contra su familia. De todos los testimonios orales en la zona del Parque de la 13 y 93, en la capital colombiana, sólo uno se animó a ser grabado. El resto, pidió ni siquiera salir en las imágenes. Y compartieron la escucha de un audio que una familiar de ellos había mandado por Whatsapp desde Mérida, alertando por la detención de un vecino que tenía un sticker contra el gobierno en su teléfono.
Es que hoy, 13 de enero, Diosdado Cabello, ministro de Interior, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, siguen teniendo el mismo poder que tenían hasta el 3 de enero. Y son los nombres que están a cargo de una política de “mano dura” contra las voces disidentes, que incluye un estado de excepción que suspende garantías constitucionales.
Podría llamar la atención que no haya habido en este contexto marchas a favor ni en contra del gobierno. Es que, de un lado, está el miedo a resultar detenidos. Y del otro, el chavismo residual parece estar más preocupado por negociar con Estados Unidos la continuidad de sus funcionarios, que por convocar a manifestaciones. Así se avanza con el diálogo por negocios petroleros o la gestión por los detenidos, como gestos para la Embajada, al mismo tiempo que las declaraciones contra el ataque a Caracas no pasan de un tweet o un discurso atrás de un escritorio y lejos parecen haber quedado las concentraciones masivas con Chávez diciendo “Yankis de mierda!!”. ¿Delcy y el resto del gabinete temen ser arrestados como el ex presidente Maduro? Es posible. ¿Algunos de ellos traicionaron y facilitaron la captura del presidente? También es una posibilidad.
En Bogotá vive más de medio millón de personas nacidas en Venezuela. La mayor parte de los migrantes se fue en medio de lo peor de la crisis, en 2017 y 2018. Hoy, aunque la economía había repuntado algo en el último tiempo, un trabajador en Caracas gana en promedio diez veces menos que lo que se gana en el país vecino.
Un capítulo aparte es el de los violentos enfrentamientos de estas horas en la zona del Catatumbo, a pocos kilómetros del lugar en el que se apostaron los medios de todo el mundo apenas llegados a Cúcuta. La frontera que comparten Venezuela y Colombia es extensa, son más de 2 mil kilómetros que recorren la Amazonia y terminan en el Caribe. Del lado colombiano, no de ahora sino desde hace muchos años, hay miles de hectáreas sembradas con coca. También hay enormes cocinas de cocaína y exportación de la droga a gran escala. En este contexto, ¿es cierto que funcionarios del gobierno venezolano están relacionados con el narcotráfico y con la guerrilla? Eso es lo que señaló la DEA en la acusación a Maduro en New York y es lo mismo que este cronista preguntó a todo aquel que pudiera aportar algo de información.
“Los negocios acá en la frontera, casas de cambio, supermercados, compra de oro, parqueaderos, son casi todos del ELN. Y si no son de ellos, les cobran una vacuna para que puedan seguir funcionando. Son un viejo grupo guerrillero colombiano, que se pasó al lado venezolano de la frontera en acuerdo con Diosdado Cabello y el gobierno de Maduro. Allá le garantizan protección respecto de la disidencia de las FARC, con quienes están enfrentados. Son dos grupos que nacieron como organizaciones políticas revolucionarias, pero con el tiempo su necesidad de buscar financiamiento para la lucha los llevó a convertirse en grupos narco guerilleros. En esa relación con el gobierno venezolano, los elenos reciben armas del ejército de allá y aportan droga que sale por los camino de acá para el Caribe. Con eso se financian. Pero también hacen su tarea en materia de seguridad, en Táchira y otras provincias cercanas a la frontera colombiana, nadie te toca nada. Si robás algo, te metés en problemas con el ELN”. Quien habla es un comerciante de Villa del Rosario, la pequeña localidad que está justo en la zona del puente, a pocos minutos de Cúcuta. Y pide preservar su nombre, por seguridad.
“De noche los puentes se cierran. A esa hora, sobre todo en el que está en la zona de Ureña, la que manda es la guerilla. Cuando oscurece, te recomiendo no estar por acá”.
Las charlas con la misma fuente fueron varias en los días de hacer guardia periodística en la frontera y la voz fue aportando cada vez más datos sobre la dinámica paraestatal: “De noche los puentes se cierran. A esa hora, sobre todo en el que está en la zona de Ureña, la que manda es la guerilla. Cuando oscurece, te recomiendo no estar por acá”.
El martes 6 de enero, un grupo de policías colombianos que retornaba a su trabajo después de pasar las Fiestas con sus familias, era secuestrado a bordo de un colectivo en un camino del Tibú, en la zona del Catatumbo. Dos días más tarde, el ELN se adjudicaba con un comunicado el operativo. El mismo fin de semana, cuando este cronista ya estaba en Bogotá e iniciando el regreso a la Argentina, era noticia en Colombia el ataque narcoguerrillero a una comisaría cerca de la frontera y un nuevo secuestro, ahora de una mujer con su pequeña hija.
Para entender la dimensión del problema, alcanza con ir hasta la Alcaldía de Cúcuta, la ciudad con casi un millón de habitantes en la que existe un área especial para recibir a los campesinos desplazados por la guerra de la narco guerrilla en las regiones de los cultivos de coca. Sólo este último mes, más de 2 mil personas se tuvieron que ir de sus casas, amenazadas de muerte. “El ELN y la disidencia de las FARC se atacan hasta con drones por el control del territorio. Toda esa gente expulsada viene a Cúcuta y el municipio les garantiza lo mínimo indispensable, lugares para dormir y reiniciar sus vidas”, le dice Uddy Páez a Boing. Ella es la Personera de Cúcuta, funcionaria responsable de atender el tema.
Además, a pocos metros del puente Simón Bolívar, el mismo que salió en las pantallas de televisión de todo el mundo, funcionan además las trochas: caminos ilegales por los que cruzan drogas y armas, sin control estatal. Poco antes del atardecer del viernes 9 de enero, Boing llegó hasta uno de esos pasos clandestinos controlados por Ejército de Liberación Nacional y pudo confirmar lo que taxistas, mototaxis, comerciantes y los propios funcionarios colombianos habían señalado. Existen y están controlados por gente armada del lado venezolano.
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Nadie tiene la certeza de cuándo habrá elecciones, de cómo será la forma de gobierno que termine teniendo Venezuela, si sus habitantes podrán elegir autoridades en forma libre o lo hará la Casa Blanca. Lo cierto es que los periodistas de todo el planeta que estuvimos ahí tan cerca en su frontera con Cúcuta, terminamos nuestras coberturas sin pisar su suelo, sin entrevistar integrantes del gobierno, sin poder hablar con gente que viva en ese país y apoye al gobierno.
La decisión de que esto pase no fue de los medios de comunicación, sino de las propias autoridades de Venezuela que eligieron cerrarse al mundo. La pregunta que deberán responder algún día es qué pasó en estos años para que el sueño de la Patria Grande de Simón Bolivar sobre el que Hugo Chávez edificó su proyecto de poder haya terminado -tras la muerte de aquel líder en 2013 y ya con Maduro en el gobierno- en una crisis que dejó a parte enorme de su población con salarios por el piso, millones de personas humildes buscando emigrar o siquiera tener atención médica en otro país y a su presidente preso en Nueva York, acusado de vínculos con el narcotráfico colombiano.
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