La Municipalidad de Funes llevó a cabo una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación contra la desarrolladoras de Funes City, Funes Town, el Grupo Lands y la Inmobiliaria Gilli -partes de una misma unidad- por vender terrenos destinados a un fideicomiso como garantía por obras adeudadas. Pero el comienzo de esta historia se remonta al menos tres mandatos atrás.
En el año 2009, cuando estaba a cargo de la intendencia Juvenal Rimini, el Grupo Lands y Gilli Inmobiliaria lanzaron Funes City y Funes Town, recibiendo la aprobación para la construcción de dos importantes desarrollos al oeste del aeropuerto y alejados del casco histórico de la ciudad. En aquel entonces, cada trabajo de agrimensura lo hacía María de los Ángeles Martinelli, quien era la esposa del secretario de Gobierno Horacio Rimini, y madre del empleado contratado por la Cámara de Diputados de Santa Fe y candidato a concejal de Juntos por el Cambio, Nacho Rimini.
Estos 2.690 lotes puestos en el mercado implicaban una serie de obras para que los nuevos vecinos pudieran vivir en condiciones confortables, tales como agua potable, cloacas, gas natural y pavimento. Sin embargo, estas mejoras nunca se llevaron a cabo. Ante el incumplimiento de lo acordado en la venta de los inmuebles es la Municipalidad de Funes quien está obligada a llevar adelante las obras prometidas valuadas en algo así como 3600 millones de pesos, que saldrá de los impuestos de los funenses, y la colaboración de algunas empresas privadas.
En el ya mencionado año 2009, las ordenanzas que salieron bajo el mandato de Rimini, en las que autorizaban el desarrollo de Funes City y Funes Town, pedían requisitos básicos a los inversores pero que resultaron escasos frente a los obligatorios para que la provincia de Santa Fe autorizara las escrituras de los compradores. Por este motivo, y coincidiendo con el momento de la salida del mencionado intendente llegaron los primeros reclamos de los compradores.
Con el gobierno de Mónica Tomei en marcha en el año 2012, en donde Juan Ignacio Rimini era concejal, se firmó un acuerdo con los desarrolladores, en el cual se los instaba a realizar las obras de infraestructura, y se le sumaron otras más a las reclamadas previamente. En este marco, Gilli debía efectuar una planta de ósmosis inversa de provisión de agua potable y la red interna para la distribución de agua, obras que nunca se pusieron en marcha.
Por medio de los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara el actual intendente de Funes, Roly Santacroce, en representación del Ejecutivo local, denunció que los grupos inmobiliarios efectuaron maniobras defraudatorias con el objetivo de no abonar las obras básicas para que los vecinos pudieran escriturar.
En la denuncia está incluido que algunos de los terrenos puestos en un fideicomiso como respaldo para Funes en 2013 fueron vendidos por la inmobiliaria Gilli. Estos no habían sido puestos en caución o embargados con el objetivo de resguardar los activos de Funes. En ese tiempo 54 lotes de Funes Town se hallaban enrolados en un fideicomiso a modo de garantía administrado por BMR Mandatos y Negocios. La fiduciaria del Banco Municipal de Rosario, contra quien también se accionó, respondió con cartas documento enviadas a la Municipalidad de Funes en el lapso temporal en el que se dio la comercialización de estos terrenos.
De este modo, entre los años 2015 y 2017, durante la gestión de Leon Barreto, la inmobiliaria Gilli comercializó los terrenos que debían permanecer bajo la órbita de la Municipalidad hasta que realizaran las obras. Desarrollos necesarios para que los vecinos pudieran vivir en condiciones dignas y escriturar lo que ya habían pagado.
Puntualmente, en el año 2016 el Grupo Land (Gilli) accionó contra la fiduciaria del BMR pidiendo la liberación de esos lotes. La respuesta fue negativa ya que no habían efectuado las obras de infraestructura necesaria, siquiera para que los residentes tuvieran agua potable. Años más tarde, en 2019, Barreto en una inexplicable jugada pidió al órgano que liberara lotes a favor de los Gilli para que estos pudieran escriturar, a pesar que no habían cumplido con el acuerdo firmado 6 años antes en la administración Tomei.
El entonces intendente recibió un revés del BMR, quien respondió lo mismo que había dicho 3 años antes al Grupo Land: las obras no estaban hechas. Además, descubrieron que habían vendido terrenos. De esta manera, el fiduciario denunció penalmente a Barreto con el objetivo de saber qué pasó para que hiciera ese pedido.
Ahora, el titular del Ejecutivo, Roly Santacroce, reclama que puso en marcha desde 2019 las licitaciones para las obras más urgentes que necesitan los vecinos de Funes City y Funes Town; y que no pudo hacer uso de los lotes que estaban en garantía porque ya habían sido adjudicados a otras personas de manera fraudulenta.
De esta manera, la denuncia llega contra Gilli y el Grupo Land a partir de las erogaciones realizadas por la Municipalidad, en dinero que no recuperará y que debía haber sido puesto por los empresarios. Asimismo, este reclamo podría llegar a las administraciones de Rimini, Tomei y Barreto, las cuales, al menos, no hicieron lo suficiente para cuidar el patrimonio de los funenses y dejaron a vecinos sin servicios básicos.
Comentarios