En una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, en Diputados avanzó este martes el tratamiento del proyecto que restringe la capacidad del Poder Ejecutivo de impulsar medidas mediante decretos (DNU). Con tres dictámenes emitidos, la iniciativa quedó lista para ser discutida en el recinto la próxima semana, en una sesión prevista para el miércoles 8 de octubre.
En el plenario pautado para las 14, la oposición logró un dictamen de mayoría con 35 firmas, con el respaldo de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal (EF) y la mayor parte de Democracia para Siempre (DPS). El texto mantiene la sanción del Senado y propone cambios sustanciales en el control parlamentario sobre los decretos presidenciales.
Sin embargo, algunos bloques opositores, la UCR, manifestaron reparos puntuales respecto a la modificación de plazos o límites excesivos.
Desde La Libertad Avanza rechazaron cualquier modificación a la ley vigente; mientras que el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, calificó el proyecto como “un golpe de efecto político” y aseguró que busca “hacer un daño institucional al Gobierno“.
Durante el debate, Esteban Paulón (EF) sostuvo que la iniciativa busca “volver al equilibrio de poderes y recuperar un diálogo fecundo entre Ejecutivo y Legislativo“. Margarita Stolbizer (DPS) la definió como “una reforma imperiosa y urgente”, al tiempo que Juan Manuel López (Coalición Cívica) argumentó que la ley vigente es “inconstitucional” y que esta modificación representa “la solución más deseable”.
El Senado había aprobado la reforma con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. La propuesta plantea que los DNU deberán ser tratados dentro de los 90 días posteriores a su publicación y perderán vigencia si no se ratifican. Además, sugiere que el rechazo de una sola cámara bastará para anularlos, y evitará que el Ejecutivo vuelva a emitir otro decreto sobre la misma materia ese año.
De todas formas, trascendió que la oposición avanza dividida, lo que podría debilitar la adhesión al proyecto en Diputados. El Gobierno, por su parte, monitorea de cerca las modificaciones finales y podría recurrir a un veto parcial o total según el texto que se apruebe. Ese escenario se puso sobre la mesa como un condicionante institucional que las comisiones deberán tener en cuenta.
El instituto especial de DNU fue diseñado en la reforma de 1994 para dar respuestas excepcionales en situaciones urgentes. Pero desde la sanción de la ley 26.122 en 2006, los decretos quedaron blindados y sólo en casos excepcionales el Congreso pudo revocarlos. Con esta reforma, el Ejecutivo pretendido quedaría más sujeto al control parlamentario.
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