Un nuevo avance en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar se conoció en las últimas horas en Córdoba. La Justicia Federal confirmó la identificación de 12 personas cuyos restos óseos fueron recuperados en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, uno de los mayores dispositivos de exterminio del terrorismo de Estado.
El anuncio fue realizado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y representa un hito en el proceso de reconstrucción de lo ocurrido en ese lugar: es la primera vez que se obtienen evidencias físicas de este tipo en el predio, casi cinco décadas después de los crímenes cometidos allí.
El hallazgo es resultado de un trabajo interdisciplinario que involucró al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al Instituto de Medicina Forense de Córdoba y a especialistas en geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Durante más de dos meses de tareas intensivas, los investigadores lograron recuperar fragmentos óseos que permitieron reconstruir 12 perfiles genéticos parciales.
Tecnología, testimonios y archivos para reconstruir el pasado
La búsqueda no fue producto del azar. Los equipos forenses aplicaron técnicas de prospección avanzada que incluyeron tecnología LiDAR —un sistema de detección mediante pulsos de luz láser—, imágenes satelitales y análisis de fotografías aéreas históricas.
El punto de inflexión surgió al comparar registros aéreos tomados en 1979 con la topografía actual del predio. Ese cruce de información permitió detectar movimientos de suelo sospechosos en un sector conocido como “Loma del Torito”.
Allí aparecieron fragmentos de fémur, restos de cráneo y otros huesos enterrados a escasa profundidad. Para los especialistas, el hallazgo también confirma una hipótesis sostenida durante años en los juicios: que antes del final de la dictadura se realizaron exhumaciones con maquinaria pesada para intentar borrar rastros de enterramientos clandestinos.
El predio de La Perla funcionó entre 1976 y 1978 como uno de los principales centros de detención, tortura y exterminio del país. Se estima que por allí pasaron entre 2.200 y 2.500 personas secuestradas.
Actualmente las excavaciones se concentran en una zona de diez hectáreas donde los estudios geofísicos detectaron alteraciones del suelo compatibles con posibles enterramientos.
Una historia que llega hasta Rosario
Entre las 12 personas identificadas aparece Ramiro Sergio Bustillo Rubio, un militante secuestrado en 1977 cuya historia hoy tiene un fuerte vínculo con Rosario. En esta ciudad viven actualmente su hija Elena y sus dos nietos.
Tras conocerse la confirmación judicial, Elena compartió con el equipo periodístico de Red Boing una frase que resume casi medio siglo de búsqueda familiar:
“Ramiro Sergio Bustillo es mi padre y hoy vuelve a casa.”
En la familia lo llamaban Sergio para diferenciarlo de su padre, que llevaba el mismo nombre. Había nacido en 1950 en San Rafael, Mendoza. Durante su infancia vivió en Jujuy y luego se trasladó con su familia a Córdoba cuando tenía nueve años.
Era el mayor de tres hermanos —Gustavo y Ariel— y, según recuerdan sus familiares, siempre tuvo un rol muy protector con el menor de ellos.
Sergio tuvo dos hijos. Su hijo Andrés nació en junio de 1977 y llegó a convivir con su padre apenas cuatro meses. Cuando fue secuestrado, su compañera cursaba el segundo mes de embarazo de Elena.
“Mi papá llegó a saber que yo estaba en camino”, contó ella. Antes de su desaparición, incluso, le había regalado a su madre un vestido azul para el Día de la Madre que usaría durante el embarazo.
El 18 de octubre de 1977 salió por la mañana para realizar actividades vinculadas a su militancia y nunca regresó.
Durante décadas, la familia pudo reconstruir parte de lo que ocurrió gracias a testimonios de sobrevivientes del centro clandestino. Uno de ellos fue Pedro Lencina, compañero suyo de la escuela secundaria, quien declaró en la megacausa judicial sobre La Perla antes de fallecer.
Según su relato, se cruzó con Bustillo Rubio en el baño del centro clandestino. No pudieron hablar porque estaban vigilados, pero intercambiaron miradas. Lencina contó que estaba muy deteriorado por las torturas y que permaneció allí cerca de un mes antes de ser “trasladado”, término con el que los represores se referían a las ejecuciones clandestinas.
Otros testimonios también aportaron piezas para reconstruir su destino. Teresa Meschiatti declaró haber tenido en sus manos el documento de identidad de Bustillo Rubio dentro del centro clandestino. A esos relatos se sumaron las investigaciones judiciales impulsadas durante años por organismos de derechos humanos.
Para Elena, el anuncio de la identificación representa mucho más que un avance judicial.
“Hace casi 50 años que los buscamos y los esperamos”, dijo.
Según expresó, cada restitución de restos tiene un significado profundo para las familias que atravesaron décadas de incertidumbre.
“Cada huesito restituido es un triunfo, un alivio, una alegría y tristeza a la vez. Nos permite abrazarlos de alguna manera y decir que ya no están desaparecidos”. También destacó el papel de los organismos de derechos humanos, los equipos forenses y los sobrevivientes que testimoniaron en los juicios. “Estos hallazgos son el resultado de vidas enteras dedicadas a buscar la verdad, a desentrañar la crueldad que quisieron ocultar”, señaló.
Para ella, el proceso de identificación no solo tiene una dimensión familiar sino también colectiva. “Cada compañero que vuelve reafirma la potencia de lo colectivo, de las redes y del amor que quisieron romper y no pudieron”.Y concluyó con una idea que atraviesa a muchas familias de desaparecidos:
“Los seguiremos buscando hasta que cada compañero y compañera vuelva a su casa”.
Bustillo Rubio era el mayor de tres hermanos y, según recuerdan sus familiares, tenía un carácter reservado pero firme en sus convicciones.
Estudió en el Área Material Córdoba, donde también trabajó como aprendiz y posteriormente como dibujante técnico. A los 17 años se afilió a la Federación Juvenil Comunista y más tarde continuó su militancia en el Partido Comunista de Argentina.
Además cursó la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Córdoba, donde llegó a quinto año. En 1973 conoció en Cosquín a Alicia, quien luego sería su compañera. Tras varios años de relación, ella se mudó desde Rosario a Córdoba y la pareja se casó en febrero de 1976.
En junio de 1977 nació su primer hijo, Andrés. Poco tiempo después, su esposa quedó nuevamente embarazada. Bustillo Rubio supo que esperaba una hija y antes de su secuestro le regaló a su compañera un vestido azul para el Día de la Madre que ella usaría durante el embarazo.
El 18 de octubre de 1977 salió por la mañana para realizar actividades vinculadas a su militancia y nunca regresó. La última persona que lo vio fue la esposa de un dirigente del partido, con quien había mantenido una reunión en un bar de Córdoba.
Según reconstrucciones posteriores, pudo haberse encontrado ese mismo día con dos compañeros de militancia, Oscar Omar Reyes y Nicolás Brizuela, quienes también fueron secuestrados y llevados al mismo centro clandestino.
Oscar Reyes es, de hecho, otro de los 12 desaparecidos cuyos restos fueron identificados recientemente por el EAAF. Para la familia de Bustillo Rubio, ese dato tiene un fuerte valor simbólico: ambos fueron secuestrados el mismo día y sus restos permanecieron juntos durante décadas. Cada identificación representa mucho más que un avance científico o judicial: significa recuperar una parte de la historia que la dictadura intentó borrar.
De La Perla a Santa Fe: las búsquedas que siguen abiertas
El hallazgo y la identificación de restos en el predio de La Perla vuelve a poner en primer plano un dato central: a casi medio siglo la dictadura cívico militar, en distintos puntos del país todavía se buscan restos de personas desaparecidas.
Uno de esos lugares está en el norte de la provincia de Santa Fe. En el entorno rural cercano a Laguna Paiva se encuentra el Campo Militar San Pedro, un predio de más de 2.000 hectáreas que durante la dictadura funcionó como lugar de fusilamientos y enterramientos clandestinos.
La investigación judicial sobre ese sitio comenzó formalmente en 2006, cuando el testimonio de un ex encargado civil del campo aportó información sobre la existencia de una posible fosa común. A partir de esa denuncia intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que inició tareas de prospección en el terreno.
Cuatro años más tarde, en junio de 2010, los investigadores hallaron una fosa clandestina con restos de ocho personas —cinco hombres y tres mujeres— con evidencias de ejecución: impactos de bala y proyectiles incrustados en los cráneos.
Los análisis genéticos permitieron identificar a seis de las víctimas: María Esther Ravelo, Gustavo Pon, Carlos Bosso, María Isabel Salinas, Oscar Winkelman y Miguel Ángel D’Andrea. Todos habían sido secuestrados en 1977 y trasladados primero al centro clandestino rosarino conocido como “La Calamita”.
Sin embargo, la causa está lejos de cerrarse. De acuerdo con testimonios judiciales, en ese lugar podrían haber sido ejecutadas al menos 27 personas. Eso significa que aún faltarían encontrar numerosos cuerpos.
En los últimos años la búsqueda incorporó nuevas herramientas tecnológicas —escaneos LiDAR, georradares y análisis de imágenes aéreas— además del trabajo conjunto entre organismos de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y el propio EAAF. Aun así, la extensión del predio y los cambios en el terreno producidos durante décadas dificultan las excavaciones.
Para los organismos de derechos humanos, la continuidad de estas investigaciones es fundamental: el derecho a saber qué ocurrió con cada desaparecido no prescribe con el paso del tiempo.
Memoria, justicia y un debate que sigue abierto
El avance de las investigaciones en sitios como Campo San Pedro también convive con debates judiciales recientes en la región. Uno de ellos es la causa conocida como El Villazo, que investigó la represión contra trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución durante el operativo “Serpiente Roja del Paraná”.
A cincuenta años de aquellos hechos, el Tribunal Oral Federal de Rosario absolvió a los 17 acusados —entre empresarios, policías y militares— por los secuestros, torturas y homicidios cometidos entre 1975 y 1976. La decisión generó fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos y de las querellas, que anunciaron que apelarán la sentencia ante instancias superiores.
En ese contexto, cada avance científico y judicial adquiere un peso simbólico mayor. La identificación de restos en La Perla, la búsqueda que continúa en Campo San Pedro y las discusiones abiertas en los tribunales muestran que la historia reciente argentina sigue en construcción.
Para las familias, cada identificación tiene un significado profundo: no se trata solo de una prueba judicial, sino de recuperar un nombre, una historia y un lugar para quienes fueron arrancados de sus vidas.
Porque, como repiten desde hace décadas los organismos de derechos humanos, la búsqueda no termina mientras quede una persona desaparecida sin encontrar. Y cada hueso recuperado es también una forma de que la memoria siga hablando desde el suelo.
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