El Gobierno de Santa Fe avanzó este fin de semana con nuevas intimaciones a familiares de alumnos identificados como autores de amenazas en escuelas, en una medida que busca recuperar los costos operativos generados por cada intervención.
Entre viernes y sábado se entregaron 11 notificaciones en seis departamentos —San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín— por un monto total que supera los 36 millones de pesos.
La iniciativa forma parte de una acción patrimonial y administrativa que contempla la identificación de los responsables y la posterior exigencia de pago a los adultos a cargo. Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es que las familias asuman el costo económico de los operativos desplegados ante este tipo de situaciones.
“¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, fue la reacción de una abuela al recibir a la Policía en su domicilio, donde fue notificada de una deuda superior a los 5,8 millones de pesos por el accionar de su nieto.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que se trata de una medida concreta para desalentar este tipo de hechos: “No es broma; es delito. El pago es una indemnización civil por el daño ocasionado al Estado”.
Las notificaciones detallan los montos y los medios de pago, con un plazo de cinco días para saldar la deuda. En caso de incumplimiento, los antecedentes son remitidos a la Fiscalía de Estado, lo que puede derivar en embargos o inhibiciones de bienes.
Desde el Gobierno aclararon que no se trata de una sanción penal, sino de una obligación civil enmarcada en la normativa vigente. Los montos varían según los recursos desplegados en cada operativo, incluyendo móviles, combustible, brigadas especializadas y horas de servicio policial.
La medida se enmarca en una política más amplia para frenar las falsas amenazas y generar conciencia sobre las consecuencias legales y económicas de este tipo de acciones.
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