La crisis policial en Rosario sumó este martes un nuevo capítulo de alta tensión cuando el gobierno provincial confirmó que al menos 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad por participar en protestas que incluyeron la paralización de móviles y abandono de servicio. Mientras tanto, las negociaciones entre las fuerzas y la administración de Santa Fe estuvieron condicionadas a una exigencia clara: retomar de inmediato el patrullaje.
El conflicto se agravó durante la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando en la Jefatura de Rosario se registraron episodios que, según el Ministerio de Justicia y Seguridad, afectaron el normal funcionamiento del servicio. En ese contexto, el ministro Pablo Cococcioni brindó una conferencia de prensa en Rosario donde confirmó las primeras sanciones y advirtió que el gobierno no cederá ante medidas que pongan en riesgo la seguridad pública.
“No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública. Todo lo demás es charlable”, aseguró el funcionario, quien diferenció los reclamos laborales de lo que calificó como “acciones violentas y antijurídicas”.
Según explicó, durante la protesta “en algún momento se trató de impedir la salida de los móviles hacia su patrullaje” y hubo “un estimado de 20 unidades que fueron directamente paralizadas, puestas enfrente de la Jefatura”, además de casos de “abandono de servicio”.
En consecuencia, el jefe de Policía provincial comenzó a labrar actuaciones administrativas con el respaldo del Ejecutivo. “Hay cerca de 20 funcionarios policiales, y seguramente algunos más que serán identificados, pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco antibala”, confirmó Cococcioni. Además, se coordinó con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) la investigación de posibles ilícitos penales.
El ministro también sostuvo que el conflicto fue aprovechado por sectores que no responden a un reclamo genuino. “Tenemos detectada gente y allegados a personal desplazado de la policía, en algunos casos vinculados a delitos graves”, afirmó. Y agregó que se trata de “grupos marginales y desplazados de la policía que no se resignan a que han perdido la posición de privilegio que ostentaban”.
No obstante, el funcionario reconoció la legitimidad de parte de los planteos salariales y laborales. “Todos los reclamos son charlables”, indicó, y recordó que la semana pasada el gobierno anunció un plan para mejorar las condiciones del sector, basado en cuatro ejes: mejora económica, atención en salud mental, transporte y alojamiento. “El reclamo es válido; no negamos que falte mucho todavía para el bienestar de las fuerzas. Pero decimos que sobre un reclamo, que juzgamos en el fondo legítimo, se han montado otros intereses que de legítimos tienen muy poco”, expresó.
Monteoliva relató en televisión que “a las 21.34” se comunicó con Cococcioni y que el ministro le indicó que se acababa de abrir un canal de diálogo. Sin embargo, a esa hora los policías en conflicto aún no aceptaban la condición impuesta por la provincia para iniciar formalmente la negociación: volver a patrullar.
Monteoliva cuenta en TV que “a las 21.34” se comunicó con Cococcioni, que le dijo se acababa de abrir un canal de diálogo. Pero a esta hora en Jefatura los policías en conflicto todavía no aceptan la condición que pone la provincia para negociar: volver a patrullar.
— Rodrigo Miró (@RodrigoMiro76) February 11, 2026
Finalmente, durante la noche, los efectivos accedieron a sumar móviles de las PAT y del Comando para reforzar el patrullaje nocturno, lo que permitió encaminar las conversaciones. La reunión entre representantes del gobierno y el abogado de las fuerzas de seguridad, el Dr. Gabriel Sarla, se concretará a las 23.30 en la Unidad Regional II de Rosario, luego de haber sido postergada durante todo el día.
Para Cococcioni, la situación marca un límite político claro. “Esto no lo vamos a dejar pasar: utilizar a la institución policial y funcionarios para minar la política de seguridad que tanto nos costó poner en orden es una línea que no vamos a consentir”, sostuvo. Y concluyó: “Quieren golpear la política de seguridad que es exitosa, le guste a quien le guste. Están bajando el delito y la violencia en la ciudad y en la provincia, y acá es donde trazamos una raya que no estamos dispuestos a permitir que se cruce”.
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