La polémica por la asunción de Horacio Rosatti al frente del Colegio de la Magistratura llegó hasta los tweets de Cristina Fernández de Kirchner. El fallo de la Corte de diciembre que obligaba al Congreso a emitir una nueva ley en 120 días hizo que, ante la ausencia de consenso en ese plazo, se vuelva atrás con la norma dispuesta por el kirchnerismo en 2006 que modificaba la conformación aprobada en 1998. Idas y vueltas de una historia de poder.
En 1994 nace todo el proceso, cuando el país tras el Pacto de Olivos modificó su Constitución y, a partir de ese año, se exhorta al Estado nacional a modificar y democratizar el nombramiento y la remoción de los jueces a través de un Consejo de la Magistratura. Recién en el 1998 se reglamentó ese punto de la nueva carta magna y, por acuerdo político de los dos partidos mayoritarios -PJ y UCR- el presidente de la Corte pasó a presidir también el nuevo órgano.
Julio Nazareno, presidente de la Corte menemista, puso la firma y comenzó a dirigir el Consejo de la Magistratura, órgano compuesto por distintos sectores de los 3 poderes del Estado y los profesionales colegiados en el fuero Federal. Este acuerdo se sostuvo hasta que el 22 de febrero del 2006 cuando con una nueva ley se modificó la conformación del cuerpo, se bajó de 20 a 13 integrantes y ya no pasó a presidir el mismo que el máximo tribunal.
Al poco tiempo de que se sancione la ley, comenzaron los pedidos de inconstitucionalidad –centralizados desde el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires- y demoró la Justicia 11 años en tomar una decisión al respecto, con los procesos lógicos de primera y segunda instancia, y lograr el recurso extraordinario para que llegue al máximo tribunal. Y una vez en la Corte, los magistrados demoraron otros 4 años para emitir un fallo definitivo.
La decisión de diciembre del 2021 indicaba 3 cosas: que la ley de 2006 es inconstitucional, que el Congreso tenía 120 días para modificar el Consejo de la Magistratura, y que si no lo conseguía se volvía al viejo esquema del 1998. Este último punto tuvo la disidencia de Ricardo Lorenzetti, pero fue acompañado por el resto de los Ministros de la Corte.
El pasado 7 de abril el Senado consiguió el consenso y aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura, pero, lógicamente, Diputados no tuvo el tiempo necesario para aprobar el proyecto antes de que se venza el plazo otorgado por la Corte. Ahora, Germán Martínez, presidente del Bloque oficialista, pide un plazo de 90 días para lograr los acuerdos necesarios y que sea ley la idea surgida de la Cámara alta.
Mientras tanto, Rosatti va a asumir la presidencia recién cuando el cuerpo vuelve a los 20 integrantes y se declarará nulo cualquier accionar con el esquema de la ley del 2006. El texto del proyecto que aprobó el Senado no incluye a la Corte dentro del Consejo de la Magistratura, lo cual hizo que sea aprobado con 37 votos, pero que otros 33 pertenecientes al interbloque de Juntos por el Cambio se opongan.
También establece una conformación “más federal” del cuerpo ya que divide al país en regiones con representantes por cada una de ellas y se sumará una comisión interna de “Asuntos Federales”. Y el integrante por el ejecutivo alternará cada un año entre un hombre y una mujer “como garantía del cupo”. Dentro de los reclamos, la falta de recursos y nuevos cargos para el interior ha sido uno de los argumentos centrales de la discusión sobre la reforma, algo que sufrimos en Santa Fe -llevamos 4 décadas sin conformar un nuevo juzgado federal en la provincia.
El Consejo de la Magistratura vino a democratizar el nombramiento y la remoción de jueces, antes a cargo del Poder Ejecutivo con el aval del Senado solamente, pero también la puja de poder judicial hizo que se generen procesos espurios detrás de cada designación. Además, se burocratizó demasiado el cuerpo, al nivel de que hoy cuenta con 1022 empleados –libres de impuesto a las ganancias- con tan solo 13 integrantes.
Ahora, la política tiene una nueva oportunidad para ordenar este órgano, más allá de las pujas políticas que se desataron tras el tweet de la vice presidenta cuestionando la “asunción” de Rosatti al frente del Consejo tras un fallo que él mismo emitió en diciembre. Detrás de cada poder hay una rosca, y esta no es la excepción.
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