El exlíder de Viejas Locas sufrió una descompensación tras ser trasladado desde la clínica psiquiátrica donde cumple tratamiento. Mientras la Justicia adaptaba la audiencia a un formato virtual, sus abogados elevaron reclamos por presuntas irregularidades y exigen la nulidad del debate.
El operativo estaba milimétricamente calculado. Una ambulancia, bajo estricta supervisión médica, trasladó este lunes a Cristian “Pity” Álvarez desde el centro de salud mental Solar Colonial de Castelar hasta la sede del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. Era la decimosexta jornada del juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ejecutado a tiros en julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré de Villa Lugano. La mañana marcaba la primera vez que el músico se sentaría frente a los magistrados para dar su versión de los hechos, pero a las 11:30, un súbito desvanecimiento del acusado obligó a frenar la audiencia.
Ante la imposibilidad de sostener la comparecencia física, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro activaron un plan de contingencia. Se resolvió que Álvarez declare a través de la plataforma Zoom, aislado en una sala contigua al tribunal. La maniobra buscó resguardar su fragilidad clínica sin paralizar un cronograma judicial que, para la misma jornada, preveía escuchar al psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y al sacerdote César Scicchitano Tagle.
En paralelo a la emergencia médica, la verdadera contienda se libra en el terreno técnico. Javier Baños y Sebastián Queijeiro, defensores del cantante, mantienen una intensa ofensiva para dinamitar el debate. Su argumento central es que el juicio se inauguró el 10 de agosto sin que existiera una resolución concluyente sobre la aptitud psíquica de Álvarez para comprender el proceso y defenderse en el estrado.
Esta disputa ya escaló hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que actualmente evalúa tres recursos de queja unificados, a la espera del dictamen del fiscal general porteño. El abanico de objeciones de los abogados incluye el rechazo sistemático de cinco hábeas corpus, trabas en la incorporación de pruebas, y una supuesta falta de imparcialidad tanto del estrado como del fiscal Sandro Abraldes. Bajo la premisa de que las autoridades vulneraron garantías constitucionales y pusieron en jaque la vida de su cliente, la defensa apunta a una meta de máxima: lograr el sobreseimiento de Álvarez o decretar la nulidad absoluta del juicio.
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