El MPA imputó a un joven de 18 años por la balacera que se produjo hace dos semanas contra la casa de Norma Acosta, la mujer que antes del ataque había denunciado la corrupción policial en la URII. El hecho se ventiló en una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, que comenzó el miércoles y finalizó este jueves. Ante la jueza Eleonora Verón, la Fiscalía presentó la evidencia con la que cuenta hasta ahora, en el marco de una causa que podría tener varias derivaciones: “Acá tenemos que investigar a los tiratiros, a la víctima y a la propia policía”, sorprendió el fiscal Pablo Socca.
Lo que se sabe hasta ahora es que cerca de las 10 de la mañana del 7 de mayo, dos tiratiros llegaron en una misma bicicleta hasta Larguía al 3400 en la zona sur de la ciudad, donde vive la víctima. La imagen de ambos quedó registrada en cámaras de seguridad del barrio. Aunque no se consiguió registro fílmico del momento del ataque, el fiscal sí consiguió detectar a testigos oculares del hecho, que contaron lo que pasó: uno de los chicos, que manejaba el rodado, entregó el arma al tirador e hizo guardia mientras se producía el ataque.
El imputado, Nicolás Robles, es quien “hizo de campana”, mientras que el tirador está prófugo, pese a haber sido detenido por el CRE cinco minutos después de la llamada al 911, cuando lo encontraron corriendo por el barrio. El Tribunal de Menores decidió liberarlo el mismo día.
Por el hecho, a los tira tiros les habían prometido cobrar 200 mil pesos. Y quien los reclutó era un menor de 17 años, misma edad del que disparó.
La denuncia de la corrupción policial, un posible móvil
De los intercambios de mensajes que pudo recuperar el fiscal al peritar el teléfono del imputado, Socca pudo reconstruir que en los días previos al ataque alguien aún no identificado contactó avNahuel Catriel Depetris alias “Monta”, un jóven de 24 años integrante de la barra de Newell’s que está identificado pero prófugo, que se encargó de buscar a los dos gatilleros.
Sobre el móvil de la balacera, Socca recordó que en enero la víctima había denunciado la corrupción policial. En rigor, aquella presentación al MPA se había hecho en forma anónima, con detalles de las presuntas maniobras de varios jefes policiales para quedarse dinero que la provincia destinaba al combustible de los patrulleros, a razón de 40 millones de pesos por mes. Sin embargo, la noche anterior al ataque, Norma Acosta hizo un vivo de Facebook contando todo lo que había denunciado. Es que unas horas antes de esa transmisión suya en la red social, se habían hecho casi 40 allanamientos y el Ministerio de Seguridad había decidido desplazar a las autoridades de la URII. Es decir: cuando se produjeron los cambios en la cúpula de la fuerza, la mujer hizo público que ella tenía presentada una denuncia al MPA. Y al día siguiente, atacaron su casa.
Al presentar la evidencia de su investigación, el fiscal reveló algo sugestivo: un rato después de la balacera varios móviles del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes en la casa de Robles, el joven imputado por el ataque, avisándole a su familia que estaba por ser allanado. Como dato adicional, Socca reveló que la hermana del gatillero involucrado en el ataque a Acosta es empleada del 911. Se trata de una joven mujer policía que fue detenida este lunes en la cárcel de Piñero, cuando entraba a visitar a su novio, también gatillero y relacionado a través de la banda de René Ungaro con una balacera a un colectivo 146 en septiembre pasado.
Aquel ataque, según la evidencia recolectada, fue encargado desde la cárcel de Coronda, por Carlos “Pelo Duro” Fernández. Y Luna Robles -la hermana del joven que ahora fue imputado por Socca- esa vez pasó imágenes del 911 a su novio, que interactuó con el tirador: con los datos de las cámaras, sabía por dónde moverse para no quedar grabado.
El dato surgió del teléfono de la chica, peritado en estos días por Socca en la causa de Norma Acosta. Al abrirlo, apareció de manera sorpresiva inflamación de otro legajo. Por eso se decidió la detención de Luna Robles en Piñero y ella será imputada este viernes por el fiscal Ramiro Gonzáles Raggio.
En esta línea, Socca preguntó ante la jueza: “¿Cómo se explica ese 7 de mayo al mediodía la presencia de cuatro móviles del Comando en la casa de Nicolás Robles sin detallar esa visita en ningún acta?”. El joven imputado, que vivía en Villa Gobernador Gálvez con su hermana Luna y su mamá, había sido marcado un rato antes por el menor de edad con el que había ido hasta la casa de Acosta. Al chico lo habían detenido cuando escapaba del lugar; sin embargo en lugar de contarle al MPA ese dato, los policías parecieron proteger a los presuntos autores de la balacera. Por esto también serán investigados los agentes del CRE que ese día fueron a la casa de Robles y que no dejaron constancia de su actuación.
La cuadra de la balacera, minutos después del hecho (Foto: Farid Dumat Kelzi)
La víctima, también investigada
El fiscal también explicó en la audiencia que por tratarse de un hecho en el que la víctima había denunciado a la policía, eligió trabajar con el área de Asuntos Internos para su investigación, en lugar del personal de la PDI.
Aunque las rarezas no terminan allí, porque minutos después del ataque Norma Acosta habló con medios de prensa y denunció: “Cuando salí a la puerta de casa, había dos hombres adultos en un Voyage blanco, les vi la cara. Me metí de nuevo y me dispararon, me tuve que tirar al piso y los tiros dieron en la puerta”.
Luego la mujer ratificaría sus dichos ante el personal policial. No obstante, por la evidencia que pudo recolectar el fiscal Socca de testigos oculares de la balacera, las cosas no habían sido como ella las contó: los atacantes no habían llegado en auto sino en bicicleta, y eran dos adolescentes, no adultos. Además, la víctima recién habría salido a la vereda cuando se oyeron los disparos, no antes. “¿Por qué intentó desviar la investigación?”, se preguntó Socca en la audiencia, que le abrió causa a Norma Acosta por falso testimonio agravado, además de allanarla y secuestrarle su teléfono.
Norma Acosta sufrió en 2013 la muerte de su marido, Miguel “Japo” Saboldi, en la cárcel rosarina de Avenida Francia al 5200. Luego estuvo detenida por venta por drogas, en una causa que ella denunció que había sido “armada” para perjudicarla. En 2014, asesinaro a su padre y el mismo año a su hermano. En este último caso, la mujer planteó que le habían plantado un arma a la víctima, para hacerlo pasar por ladrón.
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