
La Universidad Nacional de Rosario puso en marcha una nueva iniciativa de extensión territorial en medio de un contexto de fuerte tensión con el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema universitario. Bajo el nombre “UNR en Acción”, la casa de estudios comenzó a desplegar dispositivos de atención gratuita en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios a la comunidad.

El lanzamiento se realizó en Plaza Montenegro, donde profesionales y estudiantes brindan atención sin turno previo en áreas como odontología, clínica, oftalmología y veterinaria. “La universidad pública se debe a la sociedad que nos sostiene con su esfuerzo”, sostuvo el rector Franco Bartolacci, quien explicó que la iniciativa busca “devolverle a la ciudad” el respaldo que recibe la institución.
El programa continuará de forma mensual en distintos barrios de Rosario y localidades cercanas, en una estrategia que combina extensión universitaria con presencia territorial.

Sin embargo, el lanzamiento se da en un escenario de conflicto con el Gobierno nacional por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Según Bartolacci, no hubo avances en el diálogo: “No ha habido ningún tipo de contacto ni convocatoria”, afirmó, y calificó de “insólita” la ausencia de instancias de negociación.
El rector señaló que, pese a que la ley cuenta con respaldo parlamentario y fallos judiciales que ordenan su implementación -incluyendo la recomposición salarial y la actualización de becas-, el Ejecutivo lleva más de 180 días sin aplicarla. “Como no conmueve ni la ley ni la justicia, esperamos que conmueva la voz del pueblo”, advirtió.
En ese marco, confirmó una nueva manifestación federal para el 12 de mayo, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en todo el país, en defensa de la universidad pública.
Bartolacci también describió un escenario crítico en materia presupuestaria y salarial. Indicó que las transferencias a las universidades cayeron un 45,6% respecto a 2023 y que el 60% de los docentes percibe salarios por debajo de los 600 mil pesos. “No pedimos privilegios, pero sí un salario digno para quienes forman a los futuros profesionales”, remarcó.
Finalmente, subrayó que la situación es generalizada en todo el sistema universitario argentino y advirtió sobre el impacto a futuro: “Lo que está en juego es que las próximas generaciones tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros”.
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