El Gobierno se reunió con prestadores de salud, quienes dieron marcha atrás con el cobro de copagos, lo que podía significar un aumento para los consumidores a partir del 1 de enero. Se informó que se seguirá buscando una solución a las arcas de los privados que no impacte en el bolsillo de sus clientes.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, manifestó esta mañana que, con el cobro del copago, las empresas de medicina prepaga “no están cumpliendo el acuerdo y la resolución ministerial” que dispone que los aumentos en las cuotas de las prepagas se tienen que trasladar a los prestadores.
Asimismo, la Superintendencia intervino y comunicó que aplicaría sanciones a las empresas de medicina prepaga y obras sociales si no trasladaban el incremento del 9%. Esta tarde se reunirán las compañías financiadoras para determinar una acción a seguir, pero no se descarta que recurran a la Justicia. En los últimos dos años, los incrementos autorizados por la Superintendencia de Salud fueron de 52%, mientras que la inflación acumulada fue del 100%.
“Las autoridades nacionales ratificaron a los representantes de la FAPS la plena vigencia del incremento vigente del 9% a partir del 1º de enero de 2022 y garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% correspondiente a enero por parte de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección”, señaló la FAPS en un comunicado.
“Los representantes de la FAPS informaron una vez más a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”, agregó.
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