Con la mira puesta en recuperar impulso parlamentario, el oficialismo buscará este miércoles en la Cámara de Diputados una victoria legislativa clave con el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión que promete alta tensión política y cruces con la oposición.
La iniciativa llegará al recinto apenas un día después de obtener dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde se convirtió en el único tema previsto para la jornada. Sin embargo, se anticipa una primera parte del debate marcada por cuestiones de privilegio, apartamientos de reglamento y fuertes cuestionamientos de los bloques opositores.
Durante la reunión de comisiones realizada este martes se firmaron cuatro dictámenes. El de mayoría reunió 37 firmas, mientras que los otros tres correspondieron a Unión por la Patria, Provincias Unidas y al diputado Maximiliano Ferraro. Del plenario participaron cerca de veinte expositores, todos a favor de la reforma, entre ellos gobernadores de provincias mineras, además de ministros, secretarios y subsecretarios vinculados al área de Minería tanto a nivel nacional como provincial.
El proyecto modifica la Ley 26.639 y redefine el artículo 1° para precisar que la protección alcanzará a los glaciares y a las geoformas del ambiente periglacial que “cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como fuentes de recarga de cuencas. Además, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la norma al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales establecido en el artículo 41.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la incorporación del principio precautorio, mediante el cual todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares quedará protegido hasta que la autoridad ambiental competente determine que no cumple funciones hídricas. Esa verificación quedará en manos exclusivas de las provincias, que deberán remitir la información al IANIGLA para la actualización permanente del inventario.
En este sentido, la iniciativa refuerza el rol de las jurisdicciones provinciales, otorgándoles mayores facultades para definir, a través de evaluaciones de impacto ambiental, si un proyecto genera una alteración relevante sobre el glaciar o su función hídrica, y en consecuencia si puede o no ser autorizado.
El régimen de prohibiciones también sufrirá modificaciones. Según el nuevo texto, las restricciones se aplicarán únicamente sobre glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas continuarán la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la ejecución de obras que modifiquen de manera significativa la condición natural del glaciar.
A su vez, se establece la obligatoriedad de una evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o en el ambiente periglacial, con la posibilidad de realizar evaluaciones estratégicas cuando la magnitud del emprendimiento así lo requiera. Solo quedarán exceptuadas las tareas de rescate, las actividades científicas no invasivas y las deportivas no motorizadas.
Desde el Gobierno sostienen que, a quince años de la sanción de la ley, el Inventario Nacional de Glaciares solo logró completar el nivel 1 de relevamiento y que todavía resta determinar la función hídrica efectiva de numerosas geoformas registradas.
En paralelo al debate de fondo, la oposición buscará endurecer el clima de la sesión. Aunque da por descontado que el oficialismo lograría reunir entre 135 y 140 votos para aprobar la reforma, prevé instalar otros temas en el recinto, entre ellos el caso Adorni e incluso un eventual pedido de interpelación.
Además, bloques de Unión por la Patria intentarán aprobar sobre tablas un proyecto para reafirmar la neutralidad argentina frente al conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Marino, cuestiona declaraciones y decisiones del Poder Ejecutivo que, según advierten, podrían comprometer la histórica política exterior del país y avanzar sobre facultades exclusivas del Congreso.
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