La Cámara de Diputados se encamina a vivir una jornada decisiva este miércoles 8 de abril, cuando el oficialismo buscará convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que promete un debate cargado de tensión política y ambiental.
Con la certeza de obtener este martes el dictamen favorable en el plenario de comisiones, La Libertad Avanza elevó el pedido formal de sesión especial para las 15 del miércoles, con el objetivo de avanzar hacia la sanción definitiva del proyecto.
La iniciativa llega al recinto luego de dos audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo, solicitadas por la oposición. Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron irregularidades en la selección de los participantes y reclamaron la nulidad del proceso, anticipando además una posible judicialización si la norma resulta aprobada.
En términos parlamentarios, el oficialismo parte de una base de 127 legisladores, apenas uno por encima del quórum mínimo. El respaldo incluye al PRO, la UCR, bloques provinciales y espacios aliados como Innovación Federal e Independencia. No obstante, la ausencia confirmada del diputado Alejandro Finocchiaro por cuestiones de salud obliga al oficialismo a blindar cada presencia en el recinto.
El corazón de la reforma pasa por una redefinición del alcance de la ley vigente. El texto propone que la protección recaiga específicamente sobre los glaciares y geoformas periglaciares que cumplan funciones hídricas, es decir, que actúen como reserva estratégica de agua o recarga de cuencas. La determinación de esa función quedará en manos de cada provincia, que deberá remitir la información al IANIGLA para actualizar el inventario nacional.
Además, se mantiene la prohibición de actividades como la minería, la explotación hidrocarburífera y obras de infraestructura, aunque únicamente sobre las áreas que las autoridades ambientales provinciales consideren protegidas por su valor hídrico.
Para el Gobierno y las provincias mineras, la modificación apunta a destrabar inversiones y precisar criterios técnicos que, según sostienen, quedaron incompletos tras quince años de vigencia de la ley. Desde los sectores ambientalistas, en cambio, advierten que la reforma implica un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
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