En el marco de la Ley de Microtráfico, este jueves se llevó a cabo en Rosario un nuevo derribo de un búnker de venta de estupefacientes, ubicado en Mateo Booz 9013, en la zona oeste de la ciudad. El procedimiento fue supervisado por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, César Cabrera, y se convirtió en la inactivación número 105 en toda la provincia de Santa Fe desde que la norma fue sancionada a fines de 2023 y promulgada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Durante el operativo, Pereira subrayó el impacto que este tipo de puntos de venta genera en los barrios. Señaló que los búnker de estupefacientes “son lugares generadores de violencia en toda una zona donde hay viviendas de gente trabajadora que se ve afectada por la presencia de estos puntos que lo único que hacen es envenenar a la juventud y niños, y terminan con homicidios, balaceras”, lo que convierte “a un barrio tranquilo en peligroso donde los vecinos temprano tienen que esconderse en sus casas y ser testigos de lo que sucede”.
En esa línea, valoró la implementación de la Ley de Microtráfico, que permitió “liberar toda esa carga que pesaba en los vecinos y vecinas, permitiendo avanzar actualmente en el búnker 105 derribado en el territorio provincial”.
Por su parte, el fiscal Cabrera recordó que en ese domicilio “sucedió el homicidio de Lucas Urrutia” el 5 de enero del año pasado, en una vivienda que no tenía dueño y “había sido copada por bandas criminales, donde terminó ocurriendo este hecho que tiene dos personas detenidas mayores de edad y un menor de edad también involucrado en la causa”.
Aun así, advirtió que tras el crimen “la vivienda siguió involucrada con hechos violentos e incluso fue usada como aguantadero de un vehículo robado”, ya que era utilizada por “bandas criminales que operaban en la zona – en un radio de 10 cuadras –donde encontramos más de 120 incidencias entre venta de estupefacientes, disparos de arma de fuego y amenazas”. Por ese motivo, remarcó que “desactivar esta base operativa es importante”.
Los derribos de búnkeres se realizan desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial, fuerzas federales y gobiernos locales. La Ley de Microtráfico contempla la inactivación de puestos de venta de drogas y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en todo el territorio santafesino.
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