La intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se llevó adelante este jueves en Rueda y Príncipe de Gales. La ley contempla la inactivación de puestos de comercialización de drogas y de inmuebles asociados a la circulación de violencia. La vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, y representantes del Ministerio Público de la Acusación, supervisarán este jueves el derribo de un inmueble que funcionaba como búnker de venta de estupefacientes.
El Gobierno de Santa Fe cuenta con la herramienta de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura Provincial a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva. Desde entonces, el Ministerio de Justicia y Seguridad lleva cerca de 70 lugares intervenidos en toda la provincia. Este tipo de operativos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía santafesina y la colaboración de los gobiernos locales.
El ministro de Seguridad explicó que estos espacios son priorizados por las autoridades debido a que en su entorno suelen registrarse otros hechos de violencia como balaceras, presencia de armas y actividades sospechosas. “Desactivar estos lugares es fundamental para devolver la normalidad al barrio y la tranquilidad a los vecinos”, sostuvo.
El edificio, que en su origen no era precario, había quedado reducido a una construcción prácticamente inutilizable para otro fin que no fuera la actividad ilícita. La medida adoptada fue el derrumbe, aunque en otros casos se opta por bloquear aberturas u otras acciones que impidan su reutilización. “La mejor manera de cortar definitivamente la actividad es asegurarnos de que no pueda volver a ser usado”, indicaron.
El funcionario confirmó que ya existen pedidos avanzados para continuar con la política de demolición en distintos puntos de la provincia. “Esta es una política permanente. Desde que se sancionó la ley hace casi dos años venimos trabajando de manera constante y vamos a seguir hasta que no tengan un lugar donde esconderse”, afirmó.
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