La jueza Paula Álvarez determinó este lunes la libertad bajo fianza de un contador y un abogado penalista que habían sido detenidos el último fin de semana por haber exigido a una clienta que se les pagara 400 mil dólares para avanzar en un supuesto acuerdo judicial que habían conseguido para mejorar la situación procesal y no quedar presa. La polémica audiencia se realizó el lunes en el Centro de Justicia Penal.
La historia comenzó en 2019, con una denuncia por un trasvasamiento de acciones de una empresa familiar. En 2023, cuando el tema estaba por llegar a una audiencia, el contador público nacional Santiago Traverso y el abogado Pablo Curi, empezaron a tejer una maniobra con la cual querían cobrarle una importante suma en dólares a quien podía terminar presa, argumentando que tenían un arreglo con el fiscal para suavizar el pedido que éste iba a hacer en la sede judicial contra ella.
Consumado este intento de extorsión, la víctima hizo la denuncia y el fiscal José Luis Caterina verificó la maniobra. Así fue el último fin de semana mandó a detener al contador y al abogado. Los hechos se demostraron este lunes, en la audiencia ante la jueza Paula Álvarez. Pero el pedido de prisión preventiva del funcionario del MPA no avanzó. En cambio, se concedió la libertad bajo caución económica de $3 millones.
El contador que estaba acusado había sido contador de la empresa con la que se originó todo el conflicto. Y Curi, el abogado que también fue detenido, su abogado. Ambos habían protagonizado -tal como lo demostró el fiscal Caterina- una reunión con su clienta, que luego se convertiría en víctima en un local de alfajores de un shoping rosarino.
El abogado y el contador empiezan desde ese momento “una intensa presión sobre la víctima para que arregle con dinero su causa penal, presión que va ir creciendo sobre todo hasta el mes de septiembre de 2023”, aseguró Caterina. La mujer que era extorsionada ya tenía otro abogado, pero ellos le ofrecían cambiar de profesional, porque el fiscal que tenía la causa estaba arreglado con ellos y le iba a dar una probation. Para eso, tenía que pagarles 400 mil dólares, para repartir también -supuestamente- con el funcionario del MPA que tenía la causa, a quien uno de ellos dijo conocer porque jugaban juntos al paddle.
A pesar de que la maniobra quedó probada, la jueza entendió que podían quedar en libertad.
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