El jurado a cargo del concurso del MPA publicó las ternas definitivas que llegan a manos del gobernador para que elija un nombre y envíe un pliego por cargo a la Legislatura. Es llamativa la ausencia total de argumentos sobre el porqué de la decisión final, y que tres de los cinco jueces votaron exactamente igual los 21 nombres de los 7 cargos que deben renovarse. También se confirmó la ausencia de fiscales que poseen pergaminos para al menos estar entre los nombres finales y algunas presencias que no se explican más que por sus relaciones políticas.
Nada es casualidad, menos en las roscas judiciales y políticas. El triunvirato definitivo para el nuevo cargo de Fiscalía General quedó conformado como se conocía: Javier Beltramone, María Cecilia Vranicich, y Roberto Prieu Mántaras. Este último quedó primero en el orden de mérito aunque, al desconocerse los argumentos, no se sabe por qué. Lo curioso es que este juez santafesino estuvo en contra de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, aprobó todos los planteos de inconstitucionalidad del mismo que llegaron a sus manos, y durante la exposición de su entrevista aseguró que el MPA “es una estructura elefantiásica”, anunciando la posibilidad de recortes cuando el reclamo generalizado viene siendo por más recursos.
Prieu Mántaras llegó a esa ubicación gracias al voto de tres jurados que votaron en consonancia todos los cargos abiertos. Eugenio Vezzaro, Sergio Alvira y Beatriz Forno coincidieron en absolutamente todas las ternas, y ese bloque unificado logró que, por ejemplo, queden fuera de la terna Schiappa Pietra de la Fiscalía General y de la Regional 2°, y Marina Pieretti de la Auditoría General.
Eugenio Vezzaro es un ex fiscal general de Córdoba, quien tuvo un paso polémico por el cargo, y ahora ejerce como abogado penalista defendiendo a delincuentes de la provincia vecina. En su llegada a la provincia, se lo vio muy cercano al grupo político comandado por Rafael Gutiérrez, y, según fuentes consultadas, también participó de varias reuniones con Gabriel Somaglia, secretario de Justicia. El funcionario fue corrido del concurso en el inicio del proceso pero, más allá de las formalidades, siguió de cerca todo el camino hasta la conformación de las ternas finales.
Sergio Alvira es un juez camarista santafesino que responde al mismo espacio del poder judicial, al igual que la jubilada de la capital provincia, la ex jueza civil Beatriz Forno, que ingresó al concurso tras las renuncias iniciales de 4 integrantes. Casualmente, o causalmente, ellos 3 en sintonía decidieron la suerte y verdad de todos los participantes del concurso.
La oposición ve con malos ojos que Prieu Mántaras sea el pliego que envíe el gobernador, ya que, además de lo expuesto, tiene antecedentes peligrosos en materia de género. Fue quien liberó a Monseñor Storni, tiene línea directa con Grávida y suspendió la sanción a una psicóloga que trabajó para frenar la Interrupción Voluntaria del Embarazo de una niña de 12 años violada por su padre, y también revocó muchos casos de agresiones domésticas. Todo este pasado hace que sus chances de conseguir el aval del bloque conformado por radicales, PRO, socialistas y afines –unidos de cara al próximo proceso electoral sean bajas-, aunque aún no está definida la situación.
En la Regional 2°, donde también dejaron afuera a Schiappa Pietra, quedaron para competir por el cargo María Eugenia Iribarren, María Cecilia Vranicich y Miguel Moreno. Vranicich quedó primera en el orden de mérito y tiene muchas chances si no queda como fiscal General. Si no, Iribarren hizo una gestión ejemplar después de la salida de Serjal y saca una luz de ventaja por sobre el fiscal de Delitos Económicos, Moreno, aunque este último tiene cierta luz verde en el ámbito político.
Lo mismo sucedió en la Auditoría General, donde aparece nuevamente el nombre de Vranicih, en este caso para repetir en el cargo, y la acompañan Leandro Mai y Juan Manuel Costantini, quien es director de Aguas Provinciales S.A. por el Poder Ejecutivo provincial, ha participado de distintas comisiones directivas gremiales de los abogados y tiene relación directa con distintos sectores legislativos.
La política metió la cola en el concurso, como era de esperarse. Y en la recta final se define si la búsqueda es por la construcción de poder, o si realmente cayeron en la cuenta que los cargos tienen que ser ocupados por los mejores profesionales para poder enfrentar, desde todos los ámbitos, el flagelo que azota a Rosario desde hace más de una década.
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