Este viernes en el Centro de Justicia Penal imputaron al empleado municipal que había sido detenido esta semana con 36 celulares robados que fueron encontrados en su casa durante un allanamiento. Se trata de Alcides Diosnel D.J., que trabaja en la Dirección de Control de Proximidad de la Secretaría de Control Urbano. De acuerdo a la evidencia que presentó Fiscalía en la audiencia, también se detectó que realizaba amenazas a las víctimas del robo de esos teléfonos. Ahora, por resolución del juez Facundo Becerra, estará en prisión preventiva por 120 días.
El fiscal a cargo de la investigación es Germán Mazzoni que atribuyó al empleado municipal haber tenido un Iphone 14 Pro que había sido robado, en su casa de Sarmiento al 3400. Pero al allanar el domicilio, la policía encontró que había más de treinta celulares que también habían sido denunciados por robo.
La Fiscalía atribuyó tres hechos de amenaza, que pudo comprobar: a una de sus víctimas -a la que habían robado el celular el 26 de febrero- le mandó un SMS pidiéndole el código para abrir el celular. “Tengo fotos tuyas, de su padre y de tu novio. Sabemos la dirección a la que te mudaste. Nosotros no jodemos: o nos pasás esos datos o te vamos a buscar”, le escribió. A otra de sus víctimas, a quien le habían robado el teléfono el 22 de febrero, también le exigió el código de desbloqueo. “De no hacerlo, van a sufrir las consecuencias vos, tus amigos y tu mamá”, le mandó.
El trabajador allanado había formado parte de la Guardia Urbana Municipal y desde la disolución de la fuerza reviste en el área de Control de Proximidad. Tras conocerse la noticia del allanamiento, la Secretaría de Control Urbano decidió suspenderlo. “En caso que se confirme su culpabilidad, será cesanteado”, indicó a RedBoing una fuente oficial, que agregó que no cobrará su sueldo mientras la justicia resuelve si situación.
De acuerdo a la información de salarios municipales disponible en la web de la Municipalidad de Rosario, el sueldo neto del inspector ex GUM ahora imputado era en diciembre pasado -antes de los aumentos de este año- de $416 mil pesos. Sumados los aportes, al erario público este trabajador acusado de tener celulares robados y amenazar a las víctimas de los robos le costaba a fines de 2022 unos $572 mil mensuales.
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