El gobierno del Reino Unido, encabezado por el primer ministro Keir Starmer, denegó formalmente a Estados Unidos el permiso para utilizar sus bases militares en un eventual ataque preventivo contra el régimen de Irán. La decisión, fundamentada en el temor de Londres a violar el derecho internacional, generó una grieta diplomática sin precedentes con la administración de Donald Trump, quien ya advirtió que esta negativa podría tener consecuencias directas sobre la seguridad regional y los acuerdos territoriales vigentes entre ambas potencias.
El conflicto escaló luego de que Washington solicitara el uso de la estratégica isla de Diego García, en el Océano Índico, y de la base RAF Fairford, en Gloucestershire, donde operan bombarderos estadounidenses. Según fuentes británicas, facilitar estas plataformas para una acción que no sea estrictamente en defensa propia ante un ataque inminente situaría al Reino Unido en una posición de ilegalidad jurídica.
La respuesta de Donald Trump no se hizo esperar. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense lanzó una advertencia directa sobre la necesidad de actuar contra Teherán: “Si Irán decide no llegar a un acuerdo, puede ser necesario que Estados Unidos use Diego García y Fairford para erradicar un posible ataque de un régimen inestable y peligroso”.
Para el presidente norteamericano, la postura británica es un obstáculo para la paz en Medio Oriente. “No pueden tener un arma nuclear. Es simple. No habrá paz en Medio Oriente si la tienen”, sentenció Trump, sugiriendo que cualquier ofensiva sería, en última instancia, una medida de protección para los propios aliados europeos.
El “factor Chagos”: un costo de 35.000 millones
El rechazo británico impactó de lleno en la política territorial. El acuerdo para transferir la soberanía de las Islas Chagos, valuado en 35.000 millones de libras esterlinas, ha quedado en suspenso luego de que la Casa Blanca retirara su respaldo en represalia por la falta de cooperación militar.
El ex asesor gubernamental Ben Judah manifestó su pesimismo sobre el futuro de este pacto: “La situación se complica para el gobierno, que podría quedarse sin margen para avanzar en las próximas semanas”. A nivel interno, la oposición conservadora también aumentó la presión sobre Downing Street. James Cartlidge, portavoz de defensa opositor, fue tajante: “Si Estados Unidos considera necesario actuar y si creemos que va en nuestro interés nacional y protege nuestra seguridad, deberíamos permitir el uso de nuestras bases”.
Desde el Ministerio de Defensa británico, John Healey recordó que la legislación del Reino Unido es estricta respecto al uso de la fuerza. Un portavoz oficial citado por The Times reforzó esta línea diplomática: “No comentamos asuntos operativos, pero existe un proceso político en curso entre EEUU e Irán, que el Reino Unido respalda. Irán nunca debe acceder a un arma nuclear y nuestra prioridad es la seguridad regional”.
Por su parte, la ministra de Víctimas, Alex Davies-Jones, reafirmó que la autonomía nacional está por encima de las presiones externas: “Continuaremos trabajando con nuestros aliados, incluidos los estadounidenses, pero la prioridad debe ser la seguridad nacional”. Mientras tanto, el Pentágono continúa planificando una movilización militar de niveles inéditos desde la guerra de Irak, pero esta vez, sin la garantía de contar con sus tradicionales “portaviones terrestres” en suelo británico.
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