A partir de junio, los alquileres empezarán a costar el doble que el año pasado. Se trata de una marca histórica, desde la implementación de la ley de alquileres, sancionada en 2020. Emanuel Canelli, referente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, explicó claramente la situación: “Hay dos líneas de aumento: una que tiene que ver con el Índice de Contratos de Locación (ICL) que rige para los contratos ya firmados, que al día de hoy, midió un 1oo% de aumento, y por otro lado, una cuestión de aumento a partir de la medición del mercado, que rige para contratos nuevos o renovaciones, es decir, en los precios que alguien encuentra al momento de buscar un departamento”.
Así, el precio de alquiler de un departamento monoambiente en Rosario aumentó 100% el último año también en valores de mercado, según señaló el último informe mensual realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) Regional Santa Fe, llegando a un promedio de $60.000. Por otro lado, las unidades de un solo dormitorio rondan un costo de mercado de $75.000, aumentando un 92,3% en los últimos 12 meses, mientras que el promedio de precio de los departamentos de tres ambientes se ubicó en $ 95.000 en mayo y desde 2022 aumentó un 88,1%, indicó CESO.
Agregó además que la situacion de los alquileres tiene varias cuestiones: la cuestión económica, que no queda excenta de la situación económica general aunque la ley logra que sea el único bien, servicio o derecho que mantiene estable su precio durante un año pero también la falta de un órgano de control de la ley, que habilita “a algún vivo a sacar ventaja en lo que no regula que son los primeros 12 meses de contrato de alquiler”.
En sintonía, cada vez son más los inquilinos que relatan en Twitter situaciones vividas con respecto a sus contratos de alquiler. Tal es el caso que la organización Inquilinos Agrupados mostró como una inmobiliaria le solicitó a un inquilino un “aumento voluntario” por afuera del contrato firmado y sellado por ley. El aumento respondería al hecho de que el precio había quedado “muy bajo”, y que faltaba bastante tiempo para el reajuste o renovación de contrato, sugiriendo que “evalúe la posibilidad de un aumento voluntario”. Según la empresa era “un simple comentario (…), voluntario de cada inquilino (…) no obligatorio”.
El principal argumento de las inmobiliarias o propietarios suele ser que los aumentos están bajos, lo que los lleva a perder dinero. Este tipo de acciones son ilegales, debido a que los aumentos del segundo o tercer año son fijados por el Banco Central y se hacen una vez al año. Lo mismo sucede con la duración del contrato, que por ley debería ser de tres años, pero las inmobiliarias suelen reducir en busca de índices de aumento mayores en cada renovación y el doble o triple cobro de la comisión inmobiliaria.
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