Un taxista. Otro taxista. Un colectivero. Un playero. Aquellas muertes de trabajadores ejecutadas en apenas cinco días de marzo por bandas narco en Rosario siguen generando conmoción. Y este martes, la que debe haber sido la semana más tensa de la historia de la ciudad, se revivió en la sala 10 del Centro de Justicia Penal, con detalles increíbles que brindaron durante ocho horas los fiscales a cargo de la acusación: Franco Carbone, Adrián Spelta y Patricio Saldutti. Y aún sin poder completar del todo el trágico rompecabezas que condujo a la saga de homicidios, la audiencia imputativa dejó a la vista muchos datos para entender la trama que existió detrás de los hechos.
Hace dos semanas, el equipo de fiscales que el MPA puso a cargo de la investigación había imputado a 16 personas, encubridores y partícipes necesarios. Luego, con ayuda de la millonaria recompensa que se ofreció para quién colabore en la búsqueda del sicario que había sido registrado por una cámara de seguridad, se había llegado a D.M.G., menor de 15 años y por ende no punible. Su testimonio, ante la Justicia de Menores y en calidad de mera entrevista informativa, resultó vital para empujar la causa. Así, con datos que la pesquisa fue sumando por varios lados, se llegó a nuevos allanamientos la última semana y la detención de tres menores y tres mayores presuntamente vinculados a los crímenes de marzo.
En este marco, se dio la audiencia, que acusó a tres hombres y dos mujeres como coautores de los homicidios, además de avanza los primeros dos escalones con la línea de los instigadores, llegando a un preso de la cárcel de Piñero con fuerte prontuario y a su pareja, condenada y cumpliendo arresto domiciliario. ¿Hubo alguien más arriba en la toma de decisiones? Es posible.
Pero además, los fiscales sorprendieron con una mención: hay evidencias de que el mismo gatillero al que se vio en un video cómo le disparó a Bruno Bussanich en la estación de servicio Puma en la que trabajaba el joven playero, también fusiló a los taxistas Héctor Figueroa y Alejandro Celentano.
Cómo se dijo, el homicida tiene las iniciales D.MG y con apenas 15 años no puede ser condenado, ni nombrado. “Es parte de lo que buscaban los instigadores de la saga de muertes”, relataron los fiscales, además de revelar que el móvil de la violencia extrema que durante una semana aplicaron los narcos en la ciudad se explicaba en la política que desde diciembre empezó a aplicar el gobierno provincial en las cárceles, separando del resto de los detenidos a los presos de alto perfil.
El nombre propio detrás de la instigación de los ataques, por ahora, llegó a Alejandro “Chuky Monedita” Nuñez, preso en Piñero. Y a su mujer Brenda Pared, que cumple con arresto domiciliario una condena por narcotráfico, en una coqueta casa en Funes. Por encima de ellos, podrían estar Claudio “Morocho” Mansilla y Esteban Lindor Alvarado, aunque en la audiencia no fueron imputados sino apenas nombrados. Estos últimos dos están detenidos en la cárcel federal de Ezeiza.
Durante la audiencia, hubo una controversia por la domiciliaria de Brenda Pared. Su defensor pidió que se le mantenga el beneficio y el fiscal Saldutti recordó que un fiscal había solicitado que se le termine, pedido que fue negado por Casación. Red Boing pudo averiguar qué había pasado con ese trámite: “La mujer no puede justificar ingresos para pagar el lugar en el que vivía hasta el mes pasado, en Las Garzas 2553. Por eso pedí que se le revoque la excepción y vaya a la cárcel. Me fue negado el pedido, porque tiene hijos chicos”, explicó el fiscal federal Federico Reynares Solari.
Pared deberá continuar ahora en el ORDER, la cárcel de 27 de Febrero al 7800, en la zona sudoeste de Rosario. Hasta que se concretaron los crímenes de marzo, la mujer condenada por narcotráfico vivía en una coqueta mansión de Funes, con techo de pizarra francesa a dos aguas y un importante terreno.
Mientras la audiencia avanzaba y se debía llamar a varios cuartos intermedios para que las defensas puedan hablar con sus representados que veían por zoom desde la cárcel, escuchaba los relatos de los fiscales el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni. A su lado, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich. La jueza Paula Álvarez presidía la audiencia.
La planificación para concretar los hechos
“Pullaro, Cococcioni, dejen de verduguear a los alto perfil”, decía -palabras más, palabras menos- la nota que debía dejar el sicario que mató al primer taxista, Héctor Figueroa, en Flamarión y Lamadrid, en la zona sur. El hecho ocurrió poco antes de las once de la noche del 5 de marzo. Los autores materiales del hecho, además de D.M.G, fueron otros dos chicos de 15 y 16 años. Uno de ellos se subió al taxi en Oroño y Uriburu, haciéndole antes seña a cualquiera que pasara por el lugar. “Había que matar a alguno y dejar la carta”, esa era la indicación que habían recibido en una casa cercana al homicidio. Hasta ahí habían llegado para saber cómo era el “trabajo” que tenían por el cual les pagarían 600 mil pesos en total, 200 mil a cada uno de los tres.
Los abogados defensores hicieron hincapié en que el testimonio de un chico de 15 años no podrá valer como prueba ante un juicio y solicitaron que se repita su declaración, ante una Cámara Gesell. El fiscal Spelta, que estuvo presente el día en el que D.M.G. contó lo que sabía ante un Tribunal de Menores, ratificó que hubo además esa mañana varios actores más vinculados a políticas de niñez, que garantizaron la validez de lo dicho de modo informativo. Y confirmó que de cara al juicio se deberá repetir el testimonio, con el trato que debe recibir un menor de edad no punible.
Además, Spelta detalló punto por punto cómo cada escena narrada por el joven sicario se había podido reforzar con evidencias de otro tipo, como cámaras de seguridad o el propio testimonio de un mayor que aportó datos en forma reservada.
El enlace con los menores gatilleros era “Matute” Muñoz, de 17 años. Su hermana Macarena y su marido Gustavo Márquez -estos dos imputados hoy- eran los dueños de casa del lugar en el que esperaba el arma envuelta en un trapo y la nota contra Pullaro.
Como dato “de color” que se conoció hoy, después del primer crimen el que iba sentado como pasajero salió corriendo y se olvidó de dejar el papel con el mensaje. Además, perdió una zapatilla en el escape, por los nervios. Es que su cómplice, el que disparó, sin querer lo había rozado con un tiro al disparar al taxista.
Al otro día, se le encargó al mismo gatillero un segundo homicidio. “Hay otro trabajo para esta noche”, fue el mensaje que recibió. Para concretarlo, pidieron un taxi por Whatsapp desde el teléfono de un mayor de edad que ya había sido imputado hace dos semanas, en la primera audiencia.
Se sabía entonces que el coche había sido pedido por teléfono y que al igual que la primera noche, el chofer había sido baleado sin que le roben ninguna de sus pertenencias. Pero hasta la audiencia de este martes, no sé conocía la mecánica del hecho, que explicó el propio D.M.G. en aquella declaración informativa ante un Tribunal de Menores, la secretaria de Niñez y el fiscal Adrián Spelta.
Lo dicho se leyó en la Sala 10 y fue otra sorpresa grande: el propio D.MG. había matado también al taxista Celentano, como antes a Figueroa y tres días después a Bussanich. Iba sentado atrás y al llegar a la dirección que habían pedido con su amigo, le tiró a la cabeza.
Otra vez, en la fuga quedó una zapatilla. Y eso que muchos interpretaron como mensaje tumbero, era en realidad una nueva distracción en el escape de dos adolescentes de una escena criminal.
El jueves 7 de marzo, cuando ya se había atemorizado a toda la ciudad, la banda encarga nuevos hechos: por un lado, disparos a un colectivero y por el otro buscar algún recolector de residuos. En la zona oeste, desde una moto, un mayor de 38 y otro adolescente de 17, ambos prófugos, le tiran a un 122. El chofer, de milagro sale ileso. Como la tentativa de homicidio no es denunciada en el momento, recién al día siguiente cuando hieren a un chofer de la línea K -que finalmente iba a morir el domingo 10- se supo de lo que había pasado la noche previa. Según relataron los fiscales Spelta, Adrián Saldutti y Franco Carbone, los protagonistas de ambas balaceras habían sido los mismos. Después de los atentados, esconderían la moto, la ropa usada y un teléfono en un aguantadero de Nicaragua al 2200. Ese lugar fue allanado hace varias semanas y se detuvo allí a once personas, imputadas como encubridores.
Mientras eso pasaba en la zona oeste, en el sur de Rosario esa noche en la que un chofer de la K peleaba por su vida había un nuevo atentado, contra la Comisaría 15. La pericia balística determinaría que el arma utilizada era la misma con la que habían matado a los taxistas. ¿Cómo se explica la repetición? Lo explicaron los fiscales: el grupo de menores había salido a buscar un camión recolector, pero como no se cruzaban con ninguno, atacaron la seccional policial.
Después de ese ataque, la 9 milímetros -que además habían usado con balas que habían pertenecido a la policía, de un lote del año 2021- fue vendida. De acuerdo a lo que se dijo en la audiencia, la compraron los integrantes de la banda “Los Menores del 7”, del barrio 7 de Septiembre, en el norte de la ciudad. “Se conocen -relató el fiscal Saldutti- de la barra de Central. Brenda Pared recibe entradas y las reparte a los dos grupos”.
Una moto por una vida
Consumados los ataques contra el colectivero y los dos taxistas, el sábado 9 de marzo aparecería una bandera colgada en Circunvalación y Boulevard Oroño, en la entrada a Rosario. Por la acusación de los fiscales, quien solicitó esta tarea fue Axel Rodríguez, a quien también le dicen “Franco”. Horas más tarde, en la casa de Matute Muñoz, se iba a concretar una reunión que terminaría siendo la previa de un nuevo crimen: el de Bruno Bussanich. La orden vino por una videollamada que hizo alguien “con la cara tatuada” desde la cárcel. Para los fiscales podría ser “Morocho” Mansilla, condenado por homicidio y uno de los célebres protagonistas de la fuga de la cárcel de Piñero en 2021. Ahora está en Ezeiza, la misma cárcel que Alvarado.
Ahí habían citado a D.M.G. para concretar un tercer asesinato. El chico venía de matar a dos taxistas en apenas dos días y había pasado las horas siguientes como un adolescente más: fue a pasear al Shoping Portal con su novia, a comprar zapatillas y a cenar con sus suegros. Por los dos hechos, cabe recordar, había recibido 400 mil pesos. Pero según se supo en la audiencia, le había perdido una moto a otro integrante de la banda, que se la reclamaba: por eso habría aceptado ir a cometer otro homicidio, para pagar esa moto.
En esa noche del sábado 9, entonces, D.M.G se junta con tres mayores de edad. Uno le da el arma, una Taurus, más la nota con un mensaje amenazante que hablaba de mas muertes y de una supuesta unión entre bandas. Otro de los que llega a la cita leva el auto -un Fiat Duna que había sido robado en diciembre pasado en Pueryrredón al 1500, al que ya le habían cambiado la patente- y otro que lleva bidones con nafta, apodado “El Viejo”, que servirán minutos después para incendiar el vehículo después del crimen. Estos dos hombres también están prófugos.
Llegan ese sábado hasta la Puma de Mendoza y Donado, a la misma hora que Central jugaba en el Gigante contra Instituto. “Teníamos que hacerlo en el momento del partido, porque a esa hora la policía está toda en la cancha”, les habían dicho.
En ese instante D.M.G -lo contaría luego en su entrevista con el Tribunal- tuvo un tiempo para reflexionar: “Me habían dicho que se la ponga a uno cualquiera. Yo me acomodé en lo oscuro y vi como el pibe cargaba gasoil. Pensé que si le disparaba ahí, podía volar todo a la mierda. Así que esperé un poco y le di en la oficinita”.
Esa decisión, la de ejecutarlo en ese reducido box donde se hacían trámites administrativos, sellaría la suerte de la banda: había una cámara de seguridad, que captaría la escena y el rostro del sicario. Dos días después, con el vídeo reproduciéndose en loop por canales de noticias de todo el país, D.M.G fue a la peluquería de un amigo a teñirse de platinado. Así tenía el pelo cuando fue detenido.
¿Qué habrá pensado ese adolescente en los minutos en los que esperaba agazapado con un arma a punto de cometer su tercer homicidio en cinco días? Ese fue uno de los interrogantes que quedó flotando en la sala 10 del Centro de Justicia Penal. En el público, había familiares de las cuatro víctimas. Entre ellas, la mamá de Bruno, que con dolor se preguntó en diálogo con Red Boing si la vida de su hijo valía 400 mil pesos, o la estupidez de un chico que había perdido una moto.
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