Ayacucho y Uriburu, barrio Tablada. Son las nueve de la mañana del viernes 12 de enero y el tránsito en la esquina está cortado por un patrullero. A pocos metros, algunos policías con escudos delante de la puerta de la única edificación de dos pisos que tiene la cuadra. Detrás de ellos, un chapón negro lleno de viejos agujeros de bala con un cartel pintado en cal blanca que dice “Gomería”. Adentro, en la planta baja de lo que pareció ser un negocio con casa arriba, cubiertas apiladas, de auto y de camión. El lugar está lleno de polvo, porque la vidriera está rota. También hay un cochecito de bebé, tirado entre el montón de cosas.
El dueño de casa hace rato que no vive acá: “Se fue cuando le mataron a la esposa, que era la mamá de Alan, de Ulises y Jonatan”, cuenta un vecino. Eso pasó en marzo de 2016, en plena tarde en esta misma vereda. Y fue un crimen que nadie olvida en esta zona de Rosario, porque significó el inicio de una cruenta guerra entre clanes narco que se llevó unas 30 vidas en pocos meses.
Sigue el recorrido. Subiendo por una escalera añosa con algunos escalones rotos, arriba hay un juego de living blanco dado vuelta, vigas de parquet, una cómoda con sus puertitas abiertas, fotos y objetos familiares que quedaron tirados en el piso, como si los habitantes de la casa hubieran salido rápido y sin poder llevarse todo lo que había. Una factura a nombre del dueño de casa, el DNI de uno de sus hijos, la libreta de calificaciones de Solange, la más chica de la familia, o la imagen de una mujer celebrando su casamiento sentada con su vestido blanco sobre el capot de un 147, también algunos posters de grupos musicales pegados en la pared. Y ahora, en el medio de todo eso, personal de la policía, un fiscal, el ministro de Seguridad provincial, con periodistas y cámaras que montan su propio show para la transmisión en vivo: “Entramos por primera vez al búnker de los Funes”, dicen los zócalos de la tele.
¿Por qué semejante operativo en ese lugar? Es que en minutos empezarán a demoler la vieja casa de Jorge “Gordo” Funes, el padre de una familia asociada hace varios años al narcotráfico y la violencia en Rosario, sobre todo a partir de la historia de sus hijos. “Él era ‘Pirata del asfalto’ hasta que entró al negocio de la droga y ahí cambió todo. Empezó en el barrio Municipal, de donde se conocía con el ‘Pimpi’, que era jefe de la barra de Newell’s con López. Después se pelearon y él se vino a Tablada. Siempre quiso despegarse de lo que se decía del tema narco y más de una vez salvó su vida de milagro, cuando lo balearon. Acá tenía la gomería, pero su actividad oficial era alquilar un bondi que tenía para que puedan rendir el exámen los que querían entrar a ser colectiveros. Era uno rojo, que hasta hace poco estaba estacionado acá mismo. De hecho ese día que la matan a su mujer cuando estaba en la vereda tomando mate, les disparan primero una ráfaga en contramano por Ayacucho y después los últimos tiros fueron desde atrás de ese colectivo”, la explicación es de una fuente judicial, que trabajó en varias causas de los Funes. “A veces los tuvimos como víctimas y otras como victimarios, pero es un apellido que en los últimos años recorre decenas de legajos de la justicia provincial y federal”, dice la misma voz.
Aquel día, cuando mataron a la mujer del “Gordo”, los tiradores eran dos y pasaron en moto. Uno de ellos era Alexis, el hijo del “Pimpi” Camino. Él manejaba y quien disparó fue su primo Juanchi Almada. A los sicarios los vieron Alan y Ulises, hijos de la víctima que estaban tomando mate con ella. Los reconocieron y dieron los nombres de los sicarios a la PDI. Pero además, decidieron hacer justicia por mano propia y emprender una venganza. “Te juro por mi hija que los mato a todos. Uno por uno los voy a matar a esto giles hijos de puta sin sangre”, publicó Alan Funes en Facebook. Y del otro lado tampoco habría paz.
En mayo de 2016, a la vuelta de la casa de su padre en un pasillo por calle Ameghino, Alan mató a Eugenio Solano. “Esto es por mi vieja”, le dijo. Cómo era menor de edad, terminó detenido en el IRAR.
En octubre del año siguiente, el Juzgado de Menores 3º le otorgó a Alan el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo custodia de su abuela. Pero ocho semanas después -con permiso para pasar Año Nuevo con su familia y en medio de la guerra que ya se había desatado en las calles- el joven usó una ametralladora FMK3 para disparar al aire a las doce de la noche y subió el video a las redes. Por ese hecho terminaría hubo pedido de captura internacional y sería detenido unos veinte días después, en tiempos del actual gobernador Pullaro como ministro de Seguridad provincial. Lo sorprendieron cuando dormía con su novia en Callao al 3900.
Al caer, Alan Funes estaba con su pareja de entonces, Jorgelina “Chipi” Selerpe, otro célebre apellido vinculado al hampa. De aquella detención, queda el recuerdo también de la joven sacando la lengua a los fotógrafos cuando tomaron su imagen esposada en Tribunales.
Entre tanto, en esas horas frenéticas, el 14 de enero moría acribillada la hermana de “Tubi” Segovia, que era uno de los líderes de la banda rival junto a Alexis Caminos. Para Fiscalía, el crimen había sido ejecutado por Alan y su novia.
Lautaro -más conocido como “Lamparita”- que también es hijo de Jorge pero con otra mujer, también está preso. Y como Alan, juró vengar aquella muerte de Mariela Miranda, aunque no fuese su madre. “Van a tener que hacer fila para para velar la de muertos que les voy a dejar”, había escrito. Así, los medio hermanos se aliaron con René Ungaro, otro joven narco que creció en los monoblock del barrio Municipal, ahora preso en una cárcel federal. Todos vinculados con Esteban Alvarado. Y comandaron una guerra contra las bandas de los Caminos y los Segovia.
Carlos del Frade, el diputado provincial y periodista que hace tiempo investiga la violencia narco en Rosario, le dice a Red Boing: “El viejo Jorge siempre fue un hombre más de superficie, con ese colectivo para enseñar a manejar que algún día habrá que saber cómo fue que siempre consiguió habilitación municipal. Pero lo cierto es que cada vez que él terminaba herido o preso por algún incidente menor, o que le mataban a alguno de sus hijos, decía que nunca había tenido nada que ver con el narcotráfico. Y abajo suyo, los Funes y Ungaro tuvieron su disputa histórica en el barrio Municipal y en Tablada con los Camino, que en realidad era una guerra de segundas líneas de Alvarado con Los Monos. Entre tanta muerte, algo muy fuerte en esta historia fue el crimen en 2010 del Pimpi Camino, que era brazo armado de Eduardo J. López y de Los Monos”.
Tres días después de aquel asesinato de Mariela Miranda, “Bam Bam” Funes declaraba en la justicia: “Todo empezó en 2012 o 2013. Mis hermanos Alan y Ullses iban a lo escuela técnica 393 (ubicada en Alice al 5000) y para llegar tenían que pasar por el barrio de los Municipales. En ese barrio, la familia Caminos controlaba todo lo que pasaba: venta de drogas, usurpaciones, etc. Lo que pasó fue que éstos querían que mis hermanos sean sus sicarios y empiecen a matar gente para ellos. Pero ellos no querían. Ulises tenía 16 años y Alan 12. Ellos querían que mis hermanos maten a los de la banda de los Ungaro, que habían matado a su padre”.
“Mi papá se enojó y le puso los puntos a esa familia. Sobre todo a Alexis Caminos (el hijo del Pimpi). Les dijo: ‘Mis hijos no van a ser soldados de nadie y ustedes no los van a mandar a que maten a nadie porque yo soy su padre'”, también recordaba “Bam Bam” en 2016.
El viaje en el tiempo vuelve ahora a ese caliente verano de 2018 que había empezado con Alan usando su ametralladora. Con él ya detenido, su hermano “Bam Bam” va a visitarlo a la cárcel de Piñero en un Audi negro. De regreso a Rosario, en el cruce de las rutas A012 y 14, es fusilado desde una Ecosport. Unos días antes, habían matado a otro de los hermanos, a Ulises. Eso había sido en La Lata, con tiratiros que lo alcanzaron en una moto cuando la víctima salía de su casa en Garay al 1400. Y en esos días también ejecutaban a Jorge, el tío de Jorgelina “Chipi” Selerpe.
Para la justicia, Alan es desde la prisión el jefe del clan. En marzo de 2022 fue imputado como líder de la asociación ilícita por la fiscal Valeria Haurigot, que detectó que todos tenían algún rol en la banda. Desde la abuela hasta su hermana menor, Solange. Él ya suma 44 años de condena por dos homicidios, uno de ellos siendo menor.
Otra foto familiares en lo que fue el living de los Funes. ¿Mariela Miranda en su casamiento? (Foto: Farid Dumat Kelzi)
Ahora es de nuevo viernes 12 de enero de 2024 y están por empezar a derribar la que fue la casa del “Gordo”, que dejó Rosario y nadie sabe dónde está viviendo. “Algunos dicen que en La Carolina”, cuenta otra voz judicial. La demolición de este punto de referencia para los Funes fue solicitada unas horas antes por el fiscal Franco Carbone. En la misma audiencia pidió tirar abajo la casa de Fran Riquelme, el apellido con que jugó fuerte la banda de Alvarado en barrio Ludueña, donde también se libró una guerra que costó decenas de vidas. Eso fue en 2022 y 2023, con Los Monos en la otra trinchera y nombres como el de Andy Benitez o Mauro Gerez como lugartenientes del grupo que lidera Guille Cantero.
Para Carbone, fue Riquelme quien a fines de diciembre encargó por 300 mil pesos y desde una cárcel federal que sea amenazado el gobernador de la provincia. Y en la lista de cinco domicilios a tumbar, el fiscal también sumó un búnker de otro líder narco de la zona sur: “Chucky Monedita” Nuñez. Hacia allí irá la picota después de empezar el trabajo en la casa de Funes, hay pocas cuadras de diferencia entre uno y otro.
Es que a partir de la reciente adhesión de Santa Fe a la Ley de Narcomenudeo, la justicia provincial tiene incumbencia para actuar en delitos vinculados a la venta de drogas en casos de microtráfico. Y cuando encuentre un sitio alrededor del cual se genere violencia lesiva, quien esté como fiscal a cargo de la causa podrá pedir al juez que autorice el derribo de esa propiedad. El MPA pone mucho esfuerzo en esta estrategia, pese a que no le sobran los recursos. De hecho la propia jefa de los fiscales, María Cecilia Vranicich, estuvo presente en la primera demolición el jueves 11, en un búnker de Riobamba al 5000 en una casa sobre las vías, que había pedido el fiscal Vescovo.
El de ahora, la casa de Funes en Tablada, es una solicitud del doctor Carbone que fue aceptada por la jueza Silvia Castelli, que además al resolver brindó una larga explicación sobre cuál debe ser el rol de las políticas públicas después de una demolición, para evitar que los puntos de venta de droga se trasladen a otro domicilio sin erradicar el problema de fondo. “El Estado no puede bajar, golpear y retirarse. Después de demoler, tiene que haber un trabajo en el territorio para mejorar el arraigo, se debe hacer prevención desde todas las áreas”, dijo.
Y con el ruido de fondo de las retroexcavadoras tumbando búnkeres, surge también un interrogante: ¿Cómo hacer para no repetir la experiencia por la que ya pasó Rosario en la última década? Es que entre 2012 y 2014, tiempos de Bonfatti gobernador y Berni en Seguridad de Nación, aún sin ley de narcomenudeo hubo muchas demoliciones como las de estos días. Y las bandas supieron reacomodarse o modificar los circuitos de funcionamiento. La respuesta se verá en los próximos meses, con la expectativa de la gestión Pullaro -y la de Bullrich en Seguridad del gobierno de Milei- de poder bajar los niveles de violencia que padece una ciudad que multiplica por cinco los niveles de homicidio del resto del país. Con Cococcioni como ministro, la provincia busca que haya más presencia policial en la calle que la que hubo en los últimos años y exhibe también una mayor firmeza en las cárceles.
“¿Y no hay cuevas ni financieras vinculadas con la venta de droga? Porque si la picota se termina en las paredes de ladrillo visto en zonas marginales, el circuito no se va a cortar nunca”, sugiere también a Red Boing una voz calificada del ámbito judicial, que pide reserva. El delito de guante blanco asociado al narcotráfico en Rosario -es cierto- no es el que cuenta con mayor cantidad de detenidos en esta guerra. Y muchas veces cuando sus actores caen, sus abogados logran que la causa se dilate en la justicia federal o consiguen alguna fianza.
Volvemos a la calle Ayacucho. Ya son casi las diez de la mañana. Los funcionarios hablaron con los medios y explicaron la trascendencia de la acción del Estado sobre esta propiedad vinculada al clan Funes. Ahora todos se van hacia calle Biedma, a unos 500 metros de acá, para ver cómo se empieza a derribar una casa de pasillo en la que “Chucky” Monedita Nuñez guardaba armas y droga.
En la gomería de Ayacucho casi Uriburu quedarán los obreros tumbando alguna pared interna, recogiendo muebles y cubiertas, en un trabajo que llevará varios días. Y cuando no quedan cámaras y apenas una pareja de policías en la puerta, entra una mujer joven con un bebé en brazos. “Paren todo. Tengo orden de Fiscalía para que no tiren más nada. Esta es mi casa”, dice a los gritos. Enseguida, los amenaza: “Ustedes no saben lo que les va a pasar”. Es Leila Schimitt, actual pareja de Alan Funes. Vive en la casa de la esquina, que fue usurpada a sus viejos dueños.
Los hombres amenazados frenan sus labores. Vuelven varios de los patrulleros que se habían ido y Schmitt termina detenida en la Comisaría 15. “Será imputada el próximo lunes, por amenazas y resistencia a la autoridad”, le dice a Red Boing un operador del Ministerio de Seguridad de la provincia. Acá a la vuelta, por calle Ameghino, una pared de ladrillos tiene pintado con aerosol una leyenda que todavía nadie se animó a borrar: “Bienvenido a la tierra de Alan Funes: entrá si querés, salí si podés”.
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