La Gendarmería informó esta semana el resultado de allanamientos que se habían hecho unos días antes con mucho hermetismo en Rosario, Roldán y otras localidades. El objetivo era desbaratar una banda narco que movía centenares de kilos de cocaína desde Bolivia, que tenía inclusive un hangar con avionetas propias en el country “Campo Timbó” en Oliveros y que se había ramificado en numerosos negocios lícitos para lavar el dinero obtenido por la venta de droga, como flota de taxis, una planta de biodiésel y hasta un reconocido teatro rosarino que compraron en 2018 como parte -se sospecha- de la estrategia de lavado.
Los detenidos hasta el momento son catorce, cuatro de ellos de nacionalidad colombiana. Los allanamientos ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros fueron casi cuarenta y se secuestraron avionetas, taxis, computadoras y teléfonos. Pero la investigación a cargo de la Fiscalía Federal 3, de Adriana Saccone, la PROCELAC a cargo de Juan Agustín Argibay y la PROCUNAR con trabajo de Diego Iglesias y Matías Scilabra va a continuar con más medidas y promete tener un impacto nunca visto.
El origen de la causa
En febrero de 2020, un productor agropecuario deja una denuncia en el denominado “Buzón de la vida” advirtiendo que continuamente se veían avionetas hacer maniobras raras y “tirar bultos desde muy baja altura” para que sean recogidos por camionetas en campos en la zona de Cañada de Gómez.
Con ese dato, Gendarmería empieza a hacer tareas de inteligencia y el 24 de agosto de ese mismo año -en plena pandemia- detectan por sistemas de rastreo aéreo que había una avioneta que venía de Paraguay escapando de los radares. La aeronave continuó su vuelo hasta el sur santafesino y se acercó a la zona rural de Cañada, coincidiendo con la denuncia. Y así es que se decide enviar en secreto un vehículo civil de GNA al lugar.
Cuando los gendarmes se ubican en el kilómetro 365 de la autopista a Córdoba, en un campo cercano a Cañada de Gómez, se topan con dos camionetas que estaban esperando a la avioneta. Minutos después, los cómplices de la maniobra presuntamente narco divisan que están siendo vigilados e intentan escapar. En ese momento, se da una escena casi cinematográfica: los agentes persiguen a la Hilux y la Amarok por un camino rural que estaba en obras, lo que provoca que una de ellas vuelque en una zanja. Por el accidente mueren dos de los tres hombres a bordo y un tercero que sobrevive, es derivado al HECA. Esa iba a ser la punta del iceberg que quedaría a la vista para los investigadores.
Cómo funcionaba la organización
Aquel operativo había sido ordenado por el juez federal Carlos Vera Barros. Y desde entonces, la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo de Diego Iglesias y Matías Scilabra, llevarían adelante un sigiloso trabajo que dio sus frutos con los allanamientos de estos días, con apoyo de Gendarmería y articulando con otras causas por narcotráfico que se fueron conectando.
Del accidente de la Hilux en Cañada quedaron tres teléfonos para peritar. Además, según consta en el expediente judicial, esa camioneta tenía un equipo VHF y en los bolsillos de uno de los muertos había cocaína. De los tres celulares, el primero que pudieron abrir fue justamente el de ese hombre, porque no era iPhone.
Con ese aparato y se pudieron empezar a confirmar de qué se trataban esos vuelos que habían sido denunciados. Porque en los chats se hablaba de tráfico de drogas y del reparto a varios puntos de la provincias de Córdoba y Buenos Aires.
Nombres con antecedentes
De las conversaciones surgía que uno de los hombres mencionados había sido procesado por un hecho de 2019, cuando lo habían encontrado con su pareja en la zona de Cargill en Villa Gobernador Gálvez con medio kilo de cocaína. También surgiría que uno de los fallecidos en el accidente actuaba como intermediario de una mujer que viajaba seguido de Buenos Aires a Rosario para abastecerse de cocaína.
El mismo teléfono, una verdadera Caja de Pandora, tenía chats que referían a la compra de una avioneta y sobre la realización de un operativo para la fecha en la que se dio aquella persecucion fatal.
Los investigadores también anotarían la aparición de audios de alguien “de sexo masculino, número con característica 011 y acento característico de Perú o Bolivia”, enviados a ese hombre que había estado en un camino rural esperando a una avioneta. En esas conversaciones, se coordinaba la compra de cocaína en grandes cantidades. Allí aparecía hasta el precio: cinco mil cuatrocientos dólares por kilo.
La fachada de la banda
Esa primera pesquisa, hace tres años, permitió a la justicia federal poner el ojo en algunos negocios lícitos en la región que tenían por detrás financiamiento presuntamente narco. Así llegaron, por ejemplo, al proyecto para levantar una planta de biodiésel vinculado a la banda que “bombardeaba” cocaína en campos de Cañada de Gómez.
“Había distintos negocios vinculados al blanqueo de capitales. Se usaban facturas infladas y otras maniobras, inclusive en este proyecto del biodiesel se gestionó compra de maquinaria a través de otras empresas y a valor del dólar oficial” , revela un investigador.
El punto de acopio de la droga eran campos en la región, departamentos en Rosario, casas en Funes y Roldán.
El iPhone que llevó a Villa Gobernador Galvez
En las causas judiciales, los aparatos más difíciles de abrir son los de Apple, sin embargo terminan igualmente leído el material que de ahí surge. De hecho, el celular del narco Esteban Alvarado fue clave para su condena a prisión perpetua y ese teléfono había sido tirado por él mismo a un lago. Esa pericia se hizo en Estados Unidos.
En el caso del iPhone que apareció en la Hilux en Cañada no hizo falta enviarlo a otro país, aunque sí demoró más su análisis. Pero al poder leerlo, se abrió una nueva e importante ventana para la causa: porque allí aparecían una gestora de Arroyo Seco que había sido procesada por un misterioso cargamento de 391 kilos de cocaína que se encontraría en 2021 en una cochera de Villa Gobernador Gálvez.
Esa causa, investigada por el fiscal santafesino Walter Rodríguez, se había iniciado dos años antes, cuando en 2019 un trabajador rural había denunciado en Larrechea que una avioneta dejaba bultos que buscaban camionetas. Misma maniobra con distinto punto “bombardeado”.
Ahora, con los cruces de un teléfono que por un accidente había quedado en manos de la justicia, dos denuncias sobre narcotráfico en la geografía del sur santafesino podían unirse.
Lo narrado hasta aquí es sólo el comienzo. La pesquisa continuó con mucho sigilo y terminó llevando a otros actores de una banda que había penetrado los circuitos económicos rosarinos casi como aquella hydra de la mitología griega con varias cabezas que se multiplicaban por abajo del agua: con las ganancias que dejaba la cocaína que llegaba desde Bolivia a campos del sur de Santa Fe, se comprarían autos de alta gama que eran vendidos por Facebook, lotes en barrios abiertos, se montaría un hangar privado con avionetas propias en un country de Oliveros, se comprarían comercios gastronómicos. Inclusive, demostrando la capacidad económica casi ilimitada, la investigación llegó a detectar que se había comprado un importante teatro en Rosario. Todos estos detalles se contarán en un segundo capítulo de este informe de RedBoing.
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