Nicolás Maduro comparece este jueves ante el tribunal de Manhattan para solicitar al juez Alvin Hellerstein la anulación del proceso penal en su contra por narcoterrorismo. La estrategia, diseñada por el letrado Barry J. Pollack, se basa en una interpretación de la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Según el planteo defensivo, las restricciones financieras impuestas por Washington impiden que el acusado ejerza su derecho a una defensa justa al no poder disponer de capital para sus honorarios.
El argumento de Pollack se apoya en una supuesta insolvencia económica de Maduro y su esposa, Cilia Flores. En un escrito de 17 páginas, la defensa asegura que la revocación de licencias por parte de la OFAC interfiere directamente con la posibilidad de contratar a los profesionales de su elección. El texto presentado ante la Corte afirma que “ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos”, adjuntando incluso declaraciones juradas donde se manifiestan dispuestos a entregar sus estados financieros si el tribunal lo requiere.
Asimismo, la defensa cuestiona que el Gobierno estadounidense anteponga razones de “seguridad nacional” o “política exterior” por sobre los derechos procesales del individuo. Pollack cita precedentes como Brady v. Maryland para sostener que, si el Estado impide el acceso a recursos o evidencia necesaria para el juicio por motivos políticos sin ofrecer un sustituto adecuado, el remedio presuntivo debería ser la desestimación de la acusación. Según esta lógica, el bloqueo de los fondos venezolanos destinados a pagar a los abogados dejaría al tribunal sin otra opción que anular el caso.
Sin embargo, fuentes judiciales señalan que esta línea de defensa contiene falacias legales evidentes. En primer lugar, la Sexta Enmienda garantiza el acceso a un abogado, pero no exige que este sea financiado con activos que el Tesoro ha inmovilizado legalmente. El sistema judicial de Nueva York tiene la potestad de asignar defensores de oficio, un derecho que está a disposición de Maduro en cualquier momento para garantizar que el proceso cumpla con todas las normativas constitucionales vigentes.
Por otro lado, la refutación técnica indica que los fondos de la República de Venezuela no aplican para financiar la defensa personal de Maduro y Flores. La justicia considera que no actúan como autoridades legales debido a las pruebas de fraude en los últimos comicios presidenciales. Además, el acusado debería demostrar fehacientemente que no posee una fortuna propia —presuntamente incalculable— para ser considerado insolvente, un paso que hasta ahora ha sido evitado mediante la retórica legal del escrito.
Finalmente, respecto a la Quinta Enmienda, la Casa Blanca mantiene una amplia autoridad normativa bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para regular transacciones con gobiernos extranjeros. En este sentido, la administración de Donald Trump ya ratificó que no se permitirá el uso de fondos estatales venezolanos para solventar la defensa de quien es procesado por delitos de narcotráfico. Con estos elementos, se espera que el tribunal de Manhattan rechace la petición de nulidad en las próximas horas.
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