La justicia de los Estados Unidos apretó las clavijas contra Nicolás Maduro y Cilia Flores tras la histórica audiencia de este lunes. El proceso penal que comenzó en Manhattan promete ser largo y complejo, con el ex líder chavista intentando instalar la narrativa de un “secuestro” y un estatus de “prisionero de guerra” que el juez Alvin Hellerstein por ahora ignora. Mientras tanto, la administración de Donald Trump insiste en que la captura en Caracas fue una simple “operación quirúrgica de aplicación de la ley” basada en un expediente que ya tiene seis años de antigüedad.
La pareja permanece alojada en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, a más de 3.400 kilómetros de la capital venezolana. Los cargos que enfrentan son pesadísimos: importación de cocaína a gran escala y posesión de armamento de guerra. Aunque la próxima audiencia está fijada para el 17 de marzo, la posibilidad de que consigan esperar el juicio en libertad es prácticamente nula.
Si bien los abogados defensores no solicitaron formalmente la fianza en la primera presentación, el panorama es negro para el matrimonio. El juez se mostró abierto a recibir pedidos, pero los antecedentes juegan en contra de Maduro. Casos similares, como el del dictador panameño Manuel Noriega en 1989 o el del hondureño Juan Orlando Hernández, terminaron con los acusados tras las rejas de forma permanente debido al riesgo de fuga y al acceso a recursos internacionales que manejan.
La fiscalía sostiene que Maduro lideró una asociación delictuosa para cometer actos de narcoterrorismo, delitos que conllevan penas de cadena perpetua. Bajo esta calificación, es casi imposible que un magistrado federal acceda a una liberación bajo caución, considerando que los acusados podrían refugiarse en países aliados si lograran salir de la prisión neoyorquina.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, pasan sus horas en una de las cárceles más custodiadas del mundo. Mientras en Venezuela Delcy Rodríguez intenta sostener el control político, en Nueva York la defensa se prepara para cuestionar la legalidad del operativo militar del sábado pasado. El equipo legal buscará demostrar que la soberanía venezolana fue vulnerada, aunque la justicia estadounidense suele priorizar la validez de las órdenes de arresto federales por encima del método de captura en suelo extranjero.
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