El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía las sanciones contra personas y empresas que participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios bajo disputa de soberanía.
El proyecto ingresó este jueves a la Cámara de Diputados y, además del capítulo referido a Malvinas, propone cambios en materia de seguridad nacional, protección de infraestructura crítica y defensa aeroespacial y marítima.
La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.
Nuevas sanciones por explotar recursos en Malvinas
Uno de los principales cambios consiste en ampliar el régimen vigente desde 2011, que estaba concentrado principalmente en las actividades hidrocarburíferas. El nuevo esquema alcanzaría distintas actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
La iniciativa prevé multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo para determinadas actividades prohibidas, además de la suspensión o cancelación de permisos.
También establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y contempla un agravamiento de las penas cuando se trate de exploración o explotación de recursos naturales no renovables.
En los casos más graves, vinculados con la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas podrían llegar a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que las multas alcanzarían el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.
El régimen también podría alcanzar a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales a proyectos cuestionados, siempre que conozcan el destino de esos recursos.
Qué sanciones podrían recibir las empresas
Para los proveedores involucrados se contemplan penas de entre cinco y siete años de prisión. Las sociedades responsables podrían, además, quedar impedidas de operar o contratar con el Estado.
Entre las medidas previstas figuran la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en determinados casos, la disolución o liquidación de las compañías.
Las empresas inhabilitadas tampoco podrían desarrollar actividades económicas en la Argentina durante el período establecido para la sanción y podrían perder permisos y determinados beneficios impositivos o previsionales.
El proyecto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización, destinado a quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión en el país.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto excede el conflicto por la explotación de recursos en Malvinas y propone una nueva estructura para coordinar la política de seguridad nacional.
En ese marco, crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.
El objetivo es articular áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, de defensa, inteligencia y ciberseguridad. La propuesta también contempla un sistema para la protección de infraestructuras críticas.
Protección aeroespacial y marítima
Otro capítulo establece procedimientos para responder ante aeronaves consideradas hostiles y contempla distintas medidas de intervención en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre.
En el caso de los buques, el proyecto prevé una escala que incluye advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas otras alternativas.
El hundimiento quedaría reservado como una medida militar excepcional frente a un buque considerado hostil y requeriría autorización presidencial. El texto, además, establece que esa medida no podrá utilizarse contra embarcaciones civiles como mecanismo policial o sancionatorio.
El proyecto había sido anunciado por Milei el 3 de septiembre, cuando el Presidente anticipó que buscaría endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con operaciones no autorizadas en las islas y crear un Consejo de Seguridad Nacional.
Con el texto ya ingresado en Diputados, comienza ahora la discusión parlamentaria sobre una iniciativa que combina el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas con cambios más amplios en el sistema de seguridad y defensa nacional.
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