La Corte Suprema de Justicia puso en marcha el procedimiento para incorporar al Estado más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y a su hijo Martín en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
En un oficio remitido al juez del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, informó que el tribunal dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos en subastas, así como la inscripción registral de los inmuebles a nombre del máximo tribunal.
Según la sentencia firme —dictada por el TOF en abril de 2021 y confirmada por la Cámara de Casación en 2023— los bienes decomisados alcanzan un total de USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra esta última sujeta a actualización según el índice de precios del consumidor del INDEC.
En ese marco, Romero requirió al TOF 4 que disponga la transferencia del dinero a dos cuentas de la Corte Suprema y remita toda la documentación referente a las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según pudo confirmar Noticias Argentinas.
El paso se habilitó luego de que, el 29 de mayo de 2025, el máximo tribunal —con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— declarara inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes tanto las condenas como los decomisos ordenados.
Mientras tanto, en el ámbito administrativo, el Poder Ejecutivo había impulsado la creación del Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para la gestión de los activos incautados. Sin embargo, en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al considerar que afectaba la independencia del Poder Judicial.
En su fallo, Cayssials sostuvo que la norma “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y que su implementación impactaría directamente en la estructura y autonomía del Poder Judicial, vulnerando su autarquía presupuestaria.
Con la cautelar vigente, la Corte avanza con la ejecución y administración directa de los bienes decomisados, un proceso que continuará en las próximas semanas con nuevas resoluciones administrativas y movimientos contables.
Comentarios