El proceso de obtención de la ciudadanía española para descendientes de exiliados generó un colapso sin precedentes en Argentina. El Consulado General de España en Buenos Aires acumula más de 645.000 solicitudes, en el marco de la implementación de la Ley de Memoria Democrática.
La normativa, conocida popularmente como “ley de nietos”, amplió el acceso a la nacionalidad para hijos y nietos de españoles que emigraron por razones políticas, ideológicas o sociales. La alta demanda obligó incluso a extender el plazo de presentación de documentación, que finalmente cerró el 22 de octubre del año pasado.
Según datos oficiales, hasta julio de 2025 se registraron 876.321 solicitudes en todo el mundo, de las cuales 366.579 corresponden a personas residentes en Argentina, lo que representa el 42% del total global. De ese universo, 174.277 ya obtuvieron la ciudadanía.
Ante esta avalancha, autoridades del consulado y del Consejo de Residentes Españoles confirmaron que se avanzará en la tercerización de la carga de datos de expedientes en papel al sistema digital, con el objetivo de acelerar la tramitación. “Se están cerrando los detalles operativos de este nuevo sistema”, indicaron fuentes consulares.
El volumen de trámites también tiene impacto físico: los expedientes acumulados equivalen a unas 56 toneladas de papel. A esto se suma que en otros consulados del país —como Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca— hay cerca de 220.000 solicitudes adicionales.
El sistema actual procesa los casos de manera individual y por orden cronológico, lo que genera largas esperas. Uno de los principales reclamos de los solicitantes es la demora en la asignación del identificador único de expediente (IDU), clave para seguir el trámite.
Desde el consulado reconocieron limitaciones tecnológicas. “Los sistemas informáticos no permiten procesar con la velocidad necesaria el elevado número de trámites”, admitieron, y señalaron que se están incorporando mejoras en infraestructura y conectividad.
El fenómeno refleja la magnitud del vínculo entre ambos países. Argentina alberga la comunidad española más numerosa fuera de España, con más de 480 mil ciudadanos registrados y una estimación de casi tres millones de personas con ascendencia española.
Sin embargo, la comparación con procesos anteriores expone la dimensión del desafío: mientras la Ley de Memoria Histórica de 2007 resolvió unos 60.000 casos en diez años, al ritmo actual se necesitarían más de cien años para completar todas las solicitudes vigentes.
Frente a este escenario, las autoridades piden paciencia y advierten que los plazos de resolución se extenderán más allá de lo habitual, en un proceso que continuará bajo supervisión directa desde Madrid y con refuerzos técnicos y humanos en marcha.
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