El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo y José Luis Caterina, brindaron detalles de los allanamientos llevados adelante este lunes, en el marco de una investigación de la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional y de la Subsecretaría de Control Policial por malversación de caudales públicos en el área de combustible de la Unidad Regional II (URII) de la Policía de Santa Fe.
Cococcioni detalló que, con el objetivo de “colaborar y garantizar la eficacia, se decidió preservar la investigación para detectar el ilícito. Fue una investigación de 10 meses y, por parte del Ministerio, casi un año tomando medidas para detectar malas prácticas, imponiendo directivas y protocolos para hacer más eficientes los controles en la carga de combustible. Muchos de estos controles fueron incumplidos. Con el aumento de la flota policial en calle, esto se complejizó, y la maniobra adquirió un volumen mayor”.
“Quiero reconocer a las autoridades del MPA, porque ha sido una investigación muy prolija y seria, que apoyamos completamente. Más allá de la magnitud económica, estamos hablando de una maniobra en red entre varias secciones policiales, tendiente a lucrar con algo tan sensible para nosotros como es la seguridad pública”.
A continuación, el ministro anunció que “la URII, mientras hablamos, está siendo intervenida. En este momento, el secretario de Seguridad Pública está poniendo en funciones al interventor, el director general retirado -ahora reincorporado al servicio activo- Claudio Romano. La intervención durará tres meses, con posibilidad de extensión si fuera necesario”.
En una extensa operación realizada este lunes por la mañana, se allanaron comisarías y domicilios de jefes policiales en Rosario y localidades cercanas, en el marco de una investigación por presunta malversación de combustible destinado a móviles policiales. La causa está en manos del fiscal provincial José Luis Caterina, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se originó hace diez meses a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Los 34 allanamientos simultáneos fueron el resultado de un trabajo conjunto entre la Oficina de Violencia Institucional de Fiscalía, la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el propio MPA. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y hubo personas aprehendidas, aunque todavía no se brindaron precisiones sobre la cantidad de implicados ni sobre eventuales imputaciones.
La investigación apunta a maniobras de desvío de caudales públicos mediante el uso irregular de combustible asignado a patrulleros. Se presume que algunos funcionarios adulteraban los registros de carga para quedarse con el excedente o destinarlo a fines no oficiales.
Desde el Ejecutivo provincial se informó que este lunes a las 17 habrá una conferencia de prensa en la sede de Gobernación, donde el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el fiscal regional, Matías Merlo, brindarán detalles del caso. Además, se anticipa que podrían anunciarse cambios significativos en la cúpula de la Policía rosarina.
38 allanamientos y 17 detenidos
Por su parte, Merlo precisó que “se realizaron 38 allanamientos, de los cuales la mitad aún está en curso. El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero. Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible. Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías”, concluyó.
Finalmente, Caterina, a cargo de la investigación, señaló que “todo se inicia con una denuncia anónima enviada por correo postal a esta Fiscalía. La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible. Hay una estación de servicio en particular, y sus propietarios, seriamente comprometidos. La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII; no están involucrados ni el jefe ni el subjefe. Además, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible”.
También estuvieron presentes la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; y el subsecretario de Control Policial, Lucas Covacich.
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