La Justicia federal dio un paso de alto impacto histórico al reconocer como delito de lesa humanidad la Masacre de José León Suárez, ocurrida en junio de 1956, uno de los episodios más oscuros de la violencia estatal en la Argentina del siglo XX. La decisión, leída por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, tras tres jornadas de audiencias, reabre en clave judicial y simbólica un hecho que marcó la génesis de la resistencia peronista y que durante décadas fue emblema de la impunidad estatal.
El pronunciamiento judicial no implica la imposición de penas —en el marco de un Juicio por la Verdad—, pero sí consolida un elemento central en la construcción de memoria, verdad y justicia: la calificación de los fusilamientos como crímenes de lesa humanidad, es decir, delitos imprescriptibles y considerados de extrema gravedad por el derecho internacional de los derechos humanos.
La masacre se inscribe en el contexto inmediato posterior al levantamiento cívico-militar encabezado por el general Juan José Valle contra la autodenominada “Revolución Libertadora”, el régimen de facto surgido tras el golpe de Estado de 1955 contra Juan Domingo Perón. En ese escenario de persecución política y represión sistemática, la respuesta del gobierno de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas derivó en la aplicación de la ley marcial y en una serie de fusilamientos sumarios que marcaron un punto de inflexión en la historia argentina.
La noche del 9 de junio de 1956, en una casa de Florida, un grupo de civiles y militares fue detenido sin orden judicial y trasladado posteriormente al basural de José León Suárez. Allí, sin juicio previo, fueron fusiladas 31 personas —18 militares y 13 civiles— en un operativo que con el tiempo se transformaría en símbolo de la violencia estatal. Cinco de ellos murieron en el acto: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros lograron sobrevivir y dar testimonio: Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Miguel Ángel Giunta, Juan Carlos Livraga y Julio Troxler.
Esos sobrevivientes fueron clave para reconstruir lo ocurrido. A partir de sus relatos, el periodista Rodolfo Walsh y Enriqueta Muñiz iniciaron una investigación que reveló la trama oculta de los fusilamientos y que derivó en la publicación de “Operación Masacre”, una obra fundacional del periodismo de investigación en la Argentina y un hito en la denuncia de la violencia estatal.
La decisión judicial actual retoma ese hilo histórico y lo inscribe en el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Al declarar los hechos como delitos de lesa humanidad, la Justicia reconoce que no se trató de un episodio aislado, sino de una práctica represiva ejercida desde el aparato estatal contra opositores políticos en un contexto de persecución.
El juicio, que se desarrolló bajo la modalidad de Juicio por la Verdad, no busca la imposición de condenas penales sino el esclarecimiento de los hechos y el derecho de las familias a conocer la verdad. En ese marco, la representación de los familiares estuvo a cargo de los abogados Alberto Palacio y Walter Arias.
Durante la lectura del veredicto también se precisaron responsabilidades históricas dentro de la cadena de mando de la dictadura de entonces, mencionando entre otros a Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, Juan Constantino Quaranta y Desiderio Fernández Suárez, entre otros funcionarios y efectivos involucrados.
La calificación de lesa humanidad sobre la Masacre de José León Suárez adquiere un peso particular en la historia argentina: no solo resignifica judicialmente un hecho ocurrido hace casi siete décadas, sino que lo incorpora al mismo universo jurídico y ético en el que se han juzgado los crímenes de la última dictadura militar.
En términos históricos, el episodio del 9 y 10 de junio de 1956 es considerado un punto de origen de la resistencia política frente a la proscripción y persecución del peronismo, y un antecedente directo de la violencia estatal que atravesaría distintas etapas de la vida argentina.
La decisión de la Justicia federal no borra el tiempo transcurrido ni repara las pérdidas irreparables, pero sí establece un criterio central: que los fusilamientos de José León Suárez no fueron un exceso aislado, sino parte de una lógica de Estado que hoy es reconocida como crimen de lesa humanidad. En esa definición se juega no solo una calificación jurídica, sino también una lectura profunda sobre la historia reciente y sus heridas aún abiertas.
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