Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en denunciar judicialmente a padres que no vacunaron a sus hijos, al presentar las primeras 10 denuncias formalizadas ante la Justicia Civil contra adultos que incumplieron el calendario obligatorio de inmunización infantil.
La decisión surge en un contexto sanitario delicado, marcado por el rebrote de sarampión en Argentina —enfermedad que el país había logrado eliminar en 2016— y por la reciente muerte de al menos siete bebés por tos convulsa (coqueluche), situación que encendió las alertas sobre la reaparición de patologías prevenibles.
Las denuncias fueron impulsadas por el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza y se enmarcan en la normativa que establece la obligatoriedad de las vacunas y la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. El procedimiento consiste en revisar individualmente los registros de vacunación de cada niño y, cuando se confirma que las familias no completaron el esquema, derivar el caso a la Justicia Civil, donde los jueces pueden ordenar el cumplimiento del calendario o aplicar sanciones.
Las sanciones previstas incluyen multas de entre $200.000 y $336.000, trabajos comunitarios e incluso hasta cinco días de arresto para padres, tutores o efectores de salud que no aseguren la vacunación de los menores bajo su responsabilidad.
Desde las autoridades sanitarias se enfatiza que la meta es proteger la salud de los niños y evitar la propagación de enfermedades prevenibles, recordando que todas las vacunas del calendario nacional son gratuitas, seguras y están disponibles durante todo el año. Mendoza registra una cobertura de vacunación escolar superior al 80%, aunque las autoridades subrayan que se necesita superar el 95% para evitar nuevos brotes.
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