En un movimiento clave para la seguridad pública, el Director Ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, dispuso la trituración y fundición de 10.995 materiales controlados, entre los que se encuentran miles de armas de fuego. La medida se formalizó a través de la Resolución 52/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El procedimiento se encuadra en la Ley 25.938, que regula el destino de los materiales secuestrados o incautados en operativos y causas judiciales. Según el marco legal vigente, una vez que las actuaciones administrativas o judiciales terminan, la autoridad debe remitir el armamento al organismo nacional para su depósito definitivo y posterior destrucción.
Trituración y fundición: el destino final
La normativa vigente exige que el proceso de eliminación sea total para evitar cualquier tipo de reutilización. El método aprobado incluye dos etapas ineludibles:
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Trituración: Se reduce el material a piezas mínimas.
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Fundición: El metal se somete a altas temperaturas para su desaparición definitiva.
Desde el organismo remarcaron que estos procedimientos garantizan “eficacia, eficiencia y sustentabilidad”, cuidando el impacto en el medio ambiente durante la maniobra de destrucción.
Armas bajo reserva
A pesar de la masividad del operativo, Allan aclaró que no todo el material ingresará al horno de forma inmediata. El RENAR decidió reservar 383 armas de fuego que todavía cuentan con pedidos de secuestro vigentes, ya que podrían resultar clave para investigaciones judiciales en curso. Asimismo, otros 1.104 materiales quedaron apartados para integrar un futuro lote de destrucción una vez que se completen los trámites correspondientes.
Con esta acción, el Estado busca reducir el stock de armamento ilegal y asegurar que los elementos decomisados tengan un cierre administrativo y físico definitivo.
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