En el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico, el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación supervisaron este jueves el derribo de un búnker narco en Puerto General San Martín, en el departamento San Lorenzo.
El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado en Presidente Roca al 900, en barrio San Sebastián, y con esta intervención ya son 111 los puntos de venta de estupefacientes inactivados en toda la provincia desde fines de 2023, cuando comenzó la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Además, se trata del punto de venta número 15 derribado en el departamento San Lorenzo, uno de los territorios donde más se intensificaron este tipo de operativos.
La medida fue coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas provinciales.
El lugar ya había sido allanado el pasado 26 de marzo, durante un megaoperativo desplegado en San Lorenzo y Puerto San Martín, en el que participaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), grupos tácticos de la Policía de Santa Fe y la Prefectura Naval Argentina.
En aquella intervención se realizaron seis allanamientos, con un saldo de ocho detenidos, además del secuestro de casi dos kilos de cocaína fraccionada y más de 12 millones de pesos en efectivo.
La investigación está a cargo de la fiscal Luisina Paponi, quien solicitó el derribo del inmueble al considerar probado que funcionaba como punto de venta de droga y foco de conflictividad en la zona.
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, sostuvo que este tipo de acciones busca desarticular espacios directamente vinculados con la violencia urbana.
“Estas intervenciones apuntan a desarticular los lugares donde se concentra la violencia vinculada al narcomenudeo”, señaló.
Por su parte, el fiscal Aquiles Balbis remarcó que el domicilio era conocido no solo por la venta de estupefacientes, sino también por reunir a personas relacionadas con distintos delitos.
Según detalló, en el marco de la investigación se secuestraron más de 6.000 dosis de droga, y existen conexiones con otros episodios violentos ocurridos en el área.
“Se trata de una investigación compleja, que no solo abarca la comercialización minorista de estupefacientes, sino también hechos de violencia asociados”, concluyó.
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